ENTRE LA COERCION LEGAL Y EL ABUSO

El oficio girado ayer por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda Solórzano, a la jefa del gobierno capitalino, Rosario Robles, a propósito del curso que ha de seguir la investigación sobre la agresión policial sufrida por dos paristas de la UNAM el pasado 14 de octubre, establece una diferencia clara entre el uso legítimo de la fuerza pública y los abusos de autoridad. Es pertinente analizar la importancia de este deslinde, de cara al desarrollo cívico de la sociedad.

Como se recordará, en la fecha mencionada un grupo de huelguistas de la máxima casa de estudios bloqueó el Periférico Sur de esta capital, arteria estratégica para la metrópoli y sus habitantes; los paristas fueron desalojados por la fuerza pública y dos de ellos resultaron víctimas de una golpiza por efectivos del Agrupamiento de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Cabe señalar que, hasta tiempos muy recientes, la inercia histórica de instituciones sin contrapesos, habituadas a ejercer el poder de una manera absoluta, hacían parecer los excesos y los abusos de autoridad consustanciales al ejercicio de la seguridad pública y de la ley, en lo que constituye, sin duda, una grave distorsión de la conciencia ciudadana. Pero, en la fecha referida y en los días siguientes, la documentación gráfica de la injustificable agresión perpetrada por granaderos contra dos marchistas hizo ver claramente a la sociedad --y no sólo a la capitalina-- el límite en el que el cumplimiento de leyes y reglamentos se convierte en un hecho ilegal y, por tanto, contrario al estado de derecho.

Desde las horas inmediatamente posteriores al suceso, las autoridades capitalinas se deslindaron y, si bien justificaron la decisión de recurrir a los granaderos para restablecer la vialidad en los carriles centrales de Periférico Sur, señalaron la necesidad de investigar --y, en su caso, sancionar-- a los uniformados agresores. En un primer momento, tales efectivos (Fernando Peña Pérez y Angel Pérez López) fueron puestos a disposición de la Comisión de Honor y Justicia de la SSP, instancia que no quiso o no pudo aplicar las sanciones pertinentes a los golpeadores.

En su oficio de ayer, el ombudsman capitalino destacó la legitimidad de la presencia y la actuación policial el 14 de octubre, con la salvedad de la golpiza sufrida por los paristas Argel y Alejandra Pineda, cuyos agresores --precisó-- deben ser sujetos a procedimiento administrativo por la Contraloría Interna --y no por la comisión mencionada-- de la propia SSP. Cabe esperar que el señalamiento de la CDHDF sea acatado por las autoridades urbanas y que los agentes sean sancionados conforme a derecho. De ser así, los deplorables sucesos del 14 de octubre dejarán, al menos, el saldo positivo del necesario deslinde entre el uso legítimo de los medios coercitivos del poder público, por una parte, y los actos inaceptables de brutalidad policial, por la otra.

Finalmente, cabe esperar que las muestras de vandalismo y barbarie ocurridas en esa fecha --el bloqueo del Periférico y la agresión de los granaderos-- no se repitan mañana, que los paristas desistan de su amenaza de volver a detener el tránsito en esa arteria y que, si persisten en ese empeño lesivo para la ciudad y para el propio Comité General del Huelga, resulten eficaces las providencias tomadas por las autoridades capitalinas para hacer cumplir la ley, sin dar lugar a la violencia ni a los abusos de poder.