GRANADEROS: IMPUNIDAD INACEPTABLE

La decisión del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, de exonerar de toda responsabilidad a los dos granaderos que el pasado 14 de octubre golpearon con manifiesta brutalidad a dos manifestantes que yacían en el piso --como fue gráfica e informativamente documentado en la edición del día posterior de este diario-- es un hecho inadmisible --como señaló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en un comunicado emitido ayer mismo-- que abre la perspectiva de abusos de autoridad sin sanción ni freno por parte de efectivos de esa y otras corporaciones policiacas.

Como se recordará, los hechos que motivaron el arresto de los agresores y el envío de sus expedientes al referido Consejo de Honor y Justicia ocurrieron en el contexto de una marcha de huelguistas de la UNAM por Periférico Sur, en el curso de la cual los manifestantes bloquearon repetidas ocasiones los carriles centrales de esa vialidad. Tal acción fue, ciertamente, torpe, provocadora y lesiva del derecho de terceros a circular, además de peligrosa para una gran zona de la capital. El uso de la fuerza pública para desalojar a los paristas y restablecer la vialidad era, en consecuencia, inevitable y procedente.

Sin embargo, ni esa circunstancia, ni ninguna otra, podrían justificar una agresión como la que sufrieron dos de los manifestantes, y que fue plenamente documentada. El recurso a la fuerza pública ha de entenderse como una medida para restablecer el Estado de derecho, y de ninguna manera para violentarlo por vía de la brutalidad policiaca.

De esta manera, la plausible disposición de las autoridades capitalinas --empezando por la que expresaron, en su momento, la jefa de Gobierno, Rosario Robles, y Alejandro Gertz Manero, titular de la SSP-- de sancionar los excesos cometidos por los uniformados resultó distorsionada por el fallo absolutorio de la Comisión de Honor y Justicia, tras el cual es inevitable sospechar la manifestación de una solidaridad gremial y un espíritu de cuerpo llevados hasta grados de complicidad con hechos presuntamente delictivos.

Es necesario, en consecuencia, que instancias de procuración de justicia externas a la SSP tomen cartas en el asunto y emprendan las acciones pertinentes para esclarecer la situación legal de los granaderos agresores y, en su caso, proceder contra ellos conforme a derecho.