Carmen: Eduardo Montes fue un hombre serio y firme en sus convicciones. Seguro de sí mismo, siempre leal en el debate de las ideas.

Me uno al dolor de amigos, compañeros y familiares.

Adolfo Sánchez Rebolledo

Reportan amenazas contra asesor del PRD

Señora directora: Con fecha 28 de septiembre pasado, nuestro compañero Jorge Luis Sierra, asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y especialista en asuntos de defensa y seguridad nacional, recibió por correo electrónico amenazas anónimas intimándolo a ''dejar sus investigaciones sobre temas del verde olivo por la paz, de lo contrario...''.

Jorge Luis Sierra, junto con Alberto Enríquez del Valle y el diputado federal Gilberto López y Rivas han publicado recientemente un folleto titulado Las fuerzas armadas a fin del milenio, los militares en la coyuntura actual, en el que han documentado rigurosamente la creciente militarización de la vida nacional, la ayuda que reciben del exterior las fuerzas armadas mexicanas y, en particular, han denunciado la existencia de grupos paramilitares, y las prácticas de contrainsurgencia en Chiapas. Consideramos que el contenido de este estudio ha sido el que ha provocado las anónimas y cobardes amenazas contra Jorge Luis Sierra, que obviamente se hacen extensivas a Alberto Enríquez del Valle y a Gilberto López y Rivas.

Los que suscribimos, asesores parlamentarios del Grupo Parlamentario del PRD en la LVII Legislatura, queremos, por este conducto, denunciar estos hechos y solidarizarnos ampliamente con nuestros compañeros amenazados. Exigimos una investigación judicial y el castigo penal a quienes intentan acallar con amenazas las expresiones críticas respecto a la actuación de las instituciones castrenses.

Daniel M. Alvarez, Noé García Ortiz, Carlos Cadena Castro, Rogelio Carro Durán, Aída Trejo A., Renata Soto-Elízaga, Gabriela Sotelo Vega, Alvaro Castañeda Arredondo, y 24 firmas más

Aclaración de José Yacamán

Estimada señora directora: Me permito felicitar a usted y a la reportera Elena Gallegos por la estupenda serie de artículos relacionados con los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1987, que llevaron a la realización del Congreso Universitario de 1990. Dichas reflexiones son pertinentes como marco de referencia a la problemática actual de la UNAM.

Sin embargo, quiero aclarar que en el texto de Elena Gallegos se menciona que yo, acompañado por otro director, bajamos hasta la mesa de debates y pateamos los carteles que habían colocado los estudiantes. Al respecto de lo sucedido, existe un video tomado por uno de los observadores del Congreso (el cual adjunto), donde se muestra que yo no participé de esa forma y, por el contrario, estaba tratando de calmar los ánimos exaltados de algunos de mis compañeros. La prensa nacional incluyó mi nombre entre quienes participaron en dichos hechos. Nunca desmentí tales versiones porque no lo consideré conveniente en ese momento.

Posteriormente, hice las aclaraciones pertinentes y mostré el video ante los organismos universitarios colegiados y a las autoridades correspondientes.

Atentamente,

Doctor Miguel José Yacamán
Director General de ININ

Denuncian secuestro de autobús de SMT

Señora directora: A nombre del Consejo de Administración de la empresa Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo, SA de CV (SMT), me permito aclarar la nota publicada el martes 5 de octubre.

--La empresa que represento fue constituida por trabajadores despedidos por la quiebra del Organismo Público Descentralizado Ruta 100.

--''El 4 de octubre un grupo de sujetos obligó al operador del autobús número económico 2040 a trasladarlos hasta el edificio que ocupa el periódico La Jornada, secuestrando el autobús y al operador desde las 9 hasta las 17 horas, ocasionando pérdidas considerables a la empresa que represento y privando ilegalmente de su libertad al trabajador''.

--Por lo anterior, éste levantó acta ante la agencia del Ministerio Público número 67, de la delegación Venustiano Carranza, con número de averiguación previa 67/00215/99-10, tercer turno.

--Agrego que estamos molestos y agraviados por los hechos ocurridos y exigimos a las autoridades correspondientes se castigue a los responsables de los actos vandálicos, como los efectuados por quienes dicen ser representantes del Movimiento Territorial del PRI y/o estudiantes del Colegio de Bachilleres número 10.

Gabino Camacho Barrera, presidente del Consejo de Administración

Piden a CGH y CU negociar sin condiciones

Señora directora: La Asamblea Plural de Profesores e Investigadores manifiesta su preocupación por el endurecimiento de posiciones que resurgen en los momentos en que se percibe la posibilidad de la negociación y exhorta a los universitarios a impulsar la solución pactada del conflicto.

Demandamos al Consejo Universitario que autorice a su Comisión de Contacto para la negociación inmediata, con el más amplio espíritu universitario, abierto y flexible. Rechazamos por tanto, una salida unilateral al conflicto. Demandamos al CGH confirme al carácter negociador de su comisión y de igual manera, con el más amplio espíritu universitario, abierto y flexible, avance en las condiciones para el levantamiento de la huelga. A ambos les exigimos la negociación sin condiciones y continua hasta la superación del conflicto.

La crisis por la que atravesamos a más de cinco meses de huelga exhibe graves problemas estructurales de la UNAM, ha puesto en entredicho nuestras instancias de dirección, y hace ineludible un Congreso Universitario para crear las condiciones para la reforma universitaria. El Congreso Universitario de 1990, si bien no alcanzó la transformación plena de la UNAM, no violentó su institucionalidad.

Helena Beristáin, Josefina Morales, Juan Gabriel Moreno y Margarita Rosado

Refuta declaraciones de Robledo Rincón

Señora directora: En relación con las declaraciones del secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo Rincón, publicadas ayer, manifiesto:

1. Es falso que ''a partir de las reformas al artículo 27 constitucional, la propiedad de la tierra ya no es de la nación sino de ejidos y comunidades''. Antes de las citadas reformas, los ejidos que eran dotados de tierras, desde ese momento eran propietarios de las mismas. Así lo establecía el artículo 51 de la Ley Federal de Reforma Agraria (derogada), que a la letra dice: ''A partir de la publicación de la resolución presidencial en el Diario Oficial, el núcleo de población ejidal es propietario de las tierras que en la misma se señale...'' Por lo tanto, es demagógico que la SRA vaya a ''entregar la tierra a sus nuevos propietarios que son los ejidos y comunidades''.

La verdad es que la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), --que el secretario no llama por su nombre-- ha ocasionado una serie de problemas internos y externos en los ejidos, toda vez que se trata de un plan de titulación individual de la tierra, ignorando la organización colectiva de indígenas y campesinos, imponiéndoles este programa a través de múltiples artimañas (haciéndoles firmar hojas en blanco, organizando fiestas para recabar las firmas, buscando en su domicilio a todas horas del día y de la noche al comisariado ejidal para que acepte) y amenazas (de no darles el Procampo, de quitarles la tierra, de retirarles el Progresa). Contrario a lo que afirma Robledo, este programa ha ocasionado mayores problemas por la posesión de la tierra y por lo tanto, una gran inseguridad jurídica, ya que ocasiona conflictos familiares por las parcelas y división en los ejidos.

2. Desde hace siete años, cuando se hizo la reforma al artículo 27, el gobierno y sus funcionarios vienen diciendo que ''el capital va a ir al campo cuando haya seguridad jurídica''; sin embargo, vemos que hasta la fecha no se ha capitalizado. La reforma no resolvió la crisis en el campo porque ésta no proviene del status jurídico de la tenencia de la tierra, sino de falta de inversión en infraestructura, asistencia técnica, insumos, comercialización, subsidios, etcétera.

Bárbara Zamora, Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC

Precisa Hacienda información sobre bienes de los Amezcua

Señora directora: En relación con la nota publicada ayer en la página 11 del periódico que usted dirige, bajo el título ''Un juez ordena a Gurría devolver 127 inmuebles a los Amezcua'', me permito enviarle las siguientes aclaraciones para beneficio de sus lectores:

La información contenida en la nota de referencia es falsa. El amparo 746/99-D, promovido por el secretario de Hacienda, (y no como equivocadamente señala la nota, el amparo 746/99-A), tiene que ver con el desahogo de una diligencia de carácter judicial en un caso de defraudación fiscal. Dicho juicio de amparo no tiene relación alguna con ningún proceso penal de los hermanos Amezcua, ni con la supuesta devolución de bienes inmuebles que les fueron incautados.

El secretario Gurría no ha sido ''emplazado'' por el juez décimo de distrito, como también lo señala la nota en cuestión. Además, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados (SERA), órgano desconcentrado de la SHCP, aún no ha recibido de la SHCP, aún no ha recibido de la PGR los bienes que esta administra, por lo que tampoco procedería dicho reclamo hacia esta Secretaría (en el supuesto caso de que procediera hacia autoridad alguna).

Atentamente:

Marco Provencio, vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público