Frente a la anunciada reforma electoral y como parte de la evaluación de las recientes elecciones, la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) propone reglamentar las obligaciones de votar y de ser funcionario de casilla.

En el apartado de la Ley General de Partidos Políticos se propone –entre múltiples aspectos– abrir las aportaciones de empresarios, siempre que el recurso provenga del patrimonio personal.

Argumenta que la norma actual limita los derechos político-electorales de aportación. “El régimen fiscal de una persona física no debe anular sus derechos ciudadanos”.

La Constitución ya prevé el carácter obligatorio de ambas actividades, pero no existe el mecanismo para hacer valer el punto cuando el ciudadano se niega. Al respecto, el órgano aclara en un documento interno que “no busca establecer un régimen punitivo, sino armonizar el marco jurídico para brindar mayor claridad, certeza y consistencia respecto de las obligaciones ciudadanas asociadas al desarrollo de los procesos electorales”.

Es decir, por ahora el instituto exhibe la problemática: “la disminución sostenida en la participación ciudadana para integrar las mesas directivas de casilla”, lo cual “constituye un desafío relevante para el INE”.

En la práctica, ahondó, se ha observado una creciente renuencia para asumir esta responsabilidad, situación que obliga al instituto a realizar esfuerzos adicionales, activar listados de reserva y enfrentar resistencias de diversa índole, incluidas barreras socioculturales.

De ahí que “contar con un marco legal más claro y congruente permitiría disminuir los niveles de rechazo, facilitar la integración de las citadas mesas en menores tiempos y optimizar el uso de recursos materiales, humanos y financieros”.

Lo anterior se explica en el texto Propuesta de mejora normativa, que perfila proteger y ampliar las facultades del INE, aunque no prevé aspectos de transformación radical del modelo mexicano ni aborda el tema del gasto o sueldos en el instituto.

“El documento propone una agenda de actualización que, sin alterar los principios fundamentales del sistema electoral mexicano, aspira a consolidar un modelo institucional más coherente”, se lee en el texto de 140 cuartillas distribuido esta semana entre los miembros del órgano, sobre todo entre las 11 consejerías.

En cuanto a la obligación de sufragar, la propuesta es escueta, toda vez que indica sólo algunas premisas en el apartado de posibles cambios a la legislación electoral.