Almoloya de Juárez, Méx., La Fiscalía General de la República acusó formalmente a César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de asegurar que intentó ocultar el origen de más de 73 millones de pesos, de 96 millones que presuntamente desvió del erario entre 2010 y 2016, cuando fue titular del Ejecutivo de dicha entidad fronteriza.

Durante la audiencia inicial en la causa penal 142/2024 que se le instruye por lavado de dinero, el Ministerio Público (MP) aseguró que Duarte instrumentó un esquema de simulación de apoyos para el sector ganadero, donde los recursos del erario iban a parar a empresas donde era socio mayoritario, y luego, tras varias transferencias, terminaban en sus cuentas personales, la de su esposa o hijos.

El ex mandatario priísta, detenido el lunes en Chihuahua, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano minutos antes de la medianoche de ese día, y ayer en la mañana fue puesto a disposición de la juez de distrito Jazmín Ambriz López.

En un inicio, la defensa solicitó la cancelación de la diligencia con el argumento de que su cliente contaba con un amparo que impedía su aprehensión y la apertura de una nueva causa penal en su contra. Sin embargo, el MP indicó que dicho recurso judicial sólo era aplicable para causas del fuero común.

Su abogado insistió en que además no hay documentos que avalen que el gobierno de Estados Unidos autorizó una nueva causa penal, pues cuando fue extraditado a México, en 2020, sólo fue para que enfrentara el proceso por peculado.

No obstante, el MP aclaró que la cancillería solicitó al vecino país del norte autorización para fincarle una nueva causa penal, situación que ocurrió el pasado 2 de diciembre, lo que permitió que el lunes se cumplimentara la orden de captura por operaciones con recursos de procedencia ilícita, que libró el año pasado un juez de distrito con sede en Almoloya de Juárez.

Con todos estos argumentos, la juez negó cancelar la diligencia y dio paso a la formulación de imputación, donde se pudo conocer que el gobierno de César Duarte asignó más de 73 millones de pesos a empresas de su propiedad, así como de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.

Al cierre de esta edición, el MP continuaba aportando más de un centenar de elementos de prueba que sostienen la acusación.