Por unanimidad, el Senado aprobó las reformas al Código Penal Federal (CPF) encaminadas a redefinir de manera clara el delito de abuso sexual, sin estereotipos de género, que propician la impunidad, con sanciones de tres a siete años de prisión, que pueden llegar a 10 con agravantes, además de establecer medidas reducativas obligatorias para los agresores.

La modificación a los artículos 260 y 266 del CPF fueron avaladas con 97 votos a favor y cero en contra, tras lo cual se remitieron a la Cámara de Diputados.

Se trata de una iniciativa presentada por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y las titulares de las comisiones de Igualdad de Género de ambas cámaras del Congreso, la senadora Malú Micher y la diputada Anaís Miriam Burgos.

El nuevo texto del artículo 260 establece: “comete el delito de abuso sexual quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo”.

Se define, además, que “se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas” y se precisa que no se considerará consentimiento “cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, se señala que no podrá considerarse consentimiento al acto de abuso sexual “el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima”. Se coloca al centro del nuevo tipo penal este último punto.

“¡Ya estuvo bueno de que nos dijeran que no era abuso sexual porque guardaste silencio, porque no te defendiste, porque no gritaste!. No es correcto y por eso estamos presentando esta reforma”, expuso Micher.

La senadora agregó que se incorporan también medidas de reparación del daño y garantías de no repetición. Detalló que en el caso de las penas encontraron que variaban en cada estado de las República, algunas eran de hasta 25 años y otras muy bajas, por lo que se estableció un promedio que va de tres a siete años, pero con agravantes de un tercio más por el hecho de que el agresor sea un familiar de la víctima, alguien de su confianza o su superior en el trabajo, entre otras

A los agresores se les impondrá la obligación de acudir a talleres reducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social a favor el Estado o de instituciones de beneficencia pública.

En tribuna, la senadora de Morena Judith Díaz expuso que ella es “sobreviviente de abuso sexual infantil”, pero en aquella época “no teníamos a quién acudir, vivíamos con miedo, culpa y callamos porque no había quién nos defendiera”.

La iniciativa se presentó el pasado 25 de noviembre, después de que un sujeto acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Zócalo.