on la Ley de Aguas Nacionales de 1992 se abrieron las cloacas que permitieron que el agua haya sido tratada durante más de tres décadas como mercancía. Privilegio sólo de aquel que pueda pagarla, negocio redondo para el acaparador, botín de políticos y delincuentes amparados por un modelo económico cuyo fin fue drenar los recursos nacionales bajo el falso discurso de modernidad a favor de la justicia social, que fue un abuso individualista amparado por la corrupción que favorece a intereses privados sobre el social.

Se propició el acaparamiento de agua por grandes concesionarios que sobreexplotaron los acuíferos, lo que vulneró su derecho humano. Se convirtió el líquido en un bien al que se permitió ser apropiado y vendido. Grandes empresas y voraces particulares se hicieron de enormes volúmenes de agua y dejaron a las comunidades con acceso limitado –en algunos casos nulo– a un derecho arrebatado por la explotación económica sin bases para la gestión sustentable, lo que derivó en el agotamiento de las fuentes hídricas.

Se hicieron ricos con la sed de los más pobres y secaron a cuentagotas cientos de municipios. La Ley de Aguas de 1992 violó los derechos fundamentales de los mexicanos al otorgar el agua sin regulación suficiente a entes privados, que por medio de un modelo extractivista propiciaron una crisis hídrica a costa del medio ambiente y del bienestar de las personas.

El pasado lunes 8 de diciembre se dio a conocer la detención, por segunda ocasión, de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusado de uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y desfalco al pueblo de Chihuahua durante su gestión.

El priísta ha sido señalado de obtener concesiones de agua por más de 50 millones de metros cúbicos. Construyó una presa ilegal en su rancho El Saucito, que, de manera ilícita, retuvo el agua e impidió que medianos y pequeños productores realizaran sus actividades. Esa presa fue destruida hace unos meses tras un proceso legal emprendido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por Efraín Morales, quien afirmó que con esta resolución “lo que se hizo fue hacer justicia”.

Vicente Fox obtuvo concesiones por 3 mil 114 millones de metros cúbicos de agua, ejemplo de cómo funcionarios públicos se adjudicaron, tanto a sí mismos como a sus familiares, cerca de 150 títulos de concesión de agua que concentran aproximadamente 47 millones de metros cúbicos.

La reforma actual a la Ley General de Aguas tiene como objetivos centrales erradicar el modelo de mercantilización y que deje el agua de ser vista como mercancía, que se termine su acaparamiento y sobrexplotación. Busca que el Estado sea el único responsable de la gestión para así garantizar su distribución equitativa, por lo que a diferencia de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la nueva reforma se alinea con el artículo 4 constitucional, que reconoce el acceso al agua como derecho humano.

Esta nueva ley combate no sólo intereses rancios, también poderosos, que encuentran alianza en una oposición que no ha entendido su papel –mandatado por el pueblo en urnas– de ser contrapeso real que otorgue los equilibrios a favor del pueblo que toda democracia requiere.

Construyeron una operación mediática basada –como suelen hacerlo– en la mentira, para esparcir falsedades que fueron inmediatamente desmentidas, pero que son creídas como dogmas por quienes quieren que sean verdad.

Ningún artículo de la reforma impide heredar terrenos con títulos de concesión de agua. La ley no prohíbe la venta de propiedades, pero sí regula el uso del agua. La reforma no está dirigida a criminalizar a pequeños productores, sino a quienes han abusado del recurso, como César Duarte y su presa ilegal. Es falso, como dijeron, que quienes transporten agua en pipas serán sancionados; la reforma está dirigida a combatir el robo de agua, no al transporte legítimo.

¿Quién protesta? Los mismos beneficiados por las concesiones que acaparan agua y en lugar de utilizarla para riego, como se estableció, la venden de manera ilegal a los afectados por la crisis hídrica que propiciaron.

Protestan, por ejemplo en Chihuahua, Alex LeBarón y familiares suyos, quienes concentran alrededor de 47 millones de metros cúbicos de agua mediante 150 concesiones otorgadas cuando LeBarón se desempeñó como funcionario en la Conagua durante el sexenio de Vicente Fox. O Antonio Valente Martínez Fuentes, El Toñín, quien encabezó el bloqueo contra la Ley de Aguas en la carretera Puebla-Orizaba, señalado por robo y distribución ilegal de combustible, con dos órdenes de aprehensión vigentes, y supuesto representante de campesinos.