Mexicali, BC., El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por tres años para ejercer cargos públicos al ex gobernador de Baja California (2019-2021) Jaime Bonilla Valdez, así lo informó Gabriela Monge Pérez, secretaria de Honestidad y Función Pública de la entidad.

El procedimiento sancionatorio es por el contrato que el ex mandatario morenista (ahora militante del PT) firmó con la empresa Next Energy para la fallida construcción de una planta de energía fotovoltaica, sin tener los permisos necesarios, ni la atribución para ello, pues corresponde al gobierno federal.

“En efecto, el día de ayer (8 de diciembre) fuimos notificados de esta resolución; conlleva una sanción grave, por eso lo tenía el TEJA y hay que recordar que estos asuntos vienen de inicios de esta administración”, explicó Monge Pérez.

Firmó convenio con Next Energy

El convenio con Next Energy se signó sin contar con las licencias federales ni municipales requeridas para construir y operar una infraestructura energética de esa magnitud.

El proyecto se presentó en 2021 como una solución para abastecer de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana; sin embargo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda canceló el contrato al sostener que era una negociación “leonina” que comprometía recursos públicos del estado sin garantías legales.

Como parte del esquema de financiamiento se constituyó un fideicomiso en el que quedaron retenidos recursos estatales por 123 millones de pesos, situación que obligó al gobierno a emprender procesos legales para recuperar el monto; fueron restituidos 172 millones, incluyendo los rendimientos.

También el pasado lunes, Alonso Pérez Rico, quien fungió como secretario de Salud en la administración de Jaime Bonilla, fue vinculado a proceso penal por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

Lo anterior debido a que en 2021 otorgó de manera irregular nueve adjudicaciones directas a la empresa Arsa LAB para adquirir insumos médicos por 39 millones 680 mil 730 pesos; la denuncia la presentó el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción de Baja California.

En la audiencia, el juez también vinculó a proceso a Gerardo Abdiel Contreras Hernández, quien integró el Comité Técnico para el Manejo de la Deuda del Instituto de Servicios de Salud estatal, el cual autorizó el pago a diferentes proveedores. Ambos ex servidores enfrentarán su proceso penal en libertad.