El proceso de consulta sobre el plan general de desarrollo (PGD) –documento que marcará el rumbo de la ciudad durante los próximos 20 años– se pretende realizar sin respetar los derechos de los pueblos y barrios originarios y con la intervención indebida de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), denunciaron habitantes de los pueblos de Xoco y Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Detallaron que la dependencia busca sustituir a sus autoridades legítimas para “simular consensos” y allanar el avance de proyectos inmobiliarios. Ayer, en conferencia de prensa, expusieron que tras la resolución del décimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito respecto del amparo en revisión 182/2024, que fue denegado contra las obras de mitigación de Mítikah, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esperamos que el caso Xoco abra por primera vez la puerta a un precedente sobre jurisdicción indígena en contextos urbanos”, señaló el representante legal Arturo Aparicio. Asimismo, promovieron un amparo que busca declarar como “inconstitucional” a la SEPI, así como su extinción, ya que la acusan de violaciones al territorio, a la consulta y a la libre determinación de los pueblos.

También denunciaron que la juez María Elena Lugo del Castillo “no ha querido ordenar la suspensión de la participación de la SEPI, ya que, a su consideración, no se ha emitido un acto que genere directamente una afectación real a los pueblos”. El expediente 1876/2025 emitido por acuerdo el 21 de noviembre tiene como fecha de audiencia constitucional el 8 de enero de 2026, por lo cual solicitaron que “sea ampliado a un plazo razonable, acordado en asamblea por cada uno de nuestros pueblos”.

Los inconformes afirmaron que dicha dependencia opera para fragmentar la organización comunitaria. “Nos invitan a reuniones de último momento y luego dicen que no nos interesa participar”, expuso Javier Ávila, tesorero del consejo de Santa Cruz. Ante el impacto de los megaproyectos, la saturación del drenaje y vialidades, así como la falta de agua, también exigieron a las autoridades retirar autorizaciones al proyecto Mítikah y ordenar la restitución de los terrenos a favor del pueblo.