as reformas laborales que entrarán en vigor en 2026 en cuanto al aumento del salario mínimo y, a partir de 2027, a la disminución progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas en 2030, tienen un significado político, social y económico. Cada una puede tratarse de modo independiente, aunque estén estrechamente relacionadas. Aquí señalo algunas cuestiones que atañen a la economía. No se cuestiona la pertinencia de estas reformas y lo que ellas representan en términos sociales. De lo que se trata es de atender las repercusiones de tales medidas, puesto que las hay para las familias, las empresas y el gobierno. El efecto no puede ser neutro.
Una de estas cuestiones tiene que ver con el impacto del aumento salarial sobre los precios. La relación entre el salario y la inflación es un asunto controvertido. En este sentido hay que distinguir entre el efecto de una sola vez que tiene el alza salarial sobre el crecimiento de los precios, y que no provoca un aumento sostenido, lo que se conoce como una “espiral de precios”. Aunque existe el riesgo inflacionario en caso de que el entorno de las expectativas económicas y políticas se degrade.
El aumento salarial tiene una repercusión directa en el incremento de los costos de las empresas formales, aquellas que cumplen con las disposiciones legales relativas al salario y las prestaciones de los trabajadores, como marcan las leyes laborales y fiscales. Lo tiene, obviamente, en mayor medida en aquellas cuya actividad es intensiva en mano de obra y la nómina representa un componente relevante de los costos totales. Tal efecto es inmediato y en diversas condiciones se manifiesta en un aumento de los precios para sostener los niveles de rentabilidad que, en condiciones de muy reducido crecimiento del producto, tiende a contenerse. Una alternativa es limitar la expansión del negocio o incluso achicarlo y no debe descartarse el posible cierre de empresas. Hay un efecto compensatorio que es el mayor ingreso disponible para el consumo, y ya se verá cómo se conforma el entorno de la demanda en diferentes mercados.
No debe pasarse por alto que, según indica el reporte México, ¿cómo vamos? la economía informal abarca empresas y trabajadores que en conjunto superaban 55 por ciento de la población ocupada en el tercer trimestre de este año. Tampoco debe perderse de vista que tal informalidad no se expresa en términos del modo en que funcionan las actividades económicas que se realizan, sino que se trata básicamente de su situación al margen de las obligaciones fiscales. Es una informalidad fiscal. Además de que contempla, por tanto, la carencia de seguridad social y prestaciones de la gente ocupada en ese sector incluyendo, ciertamente, el salario mínimo.
En un entorno de bajo nivel de actividad económica y con mayor informalidad fiscal, habrá presión especialmente sobre las empresas medianas, pequeñas y micro. Según reportó el Inegi, el crecimiento del PIB tuvo una desaceleración, con una caída anual de 0.2 por ciento en el tercer trimestre, el primer retroceso desde 2021.
La situación contempla varias cuestiones. El aumento de 13 por ciento en el salario mínimo es una referencia nominal y debe descontarse la inflación de este año para tener su valor real. Pero el incremento salarial refuerza el poder adquisitivo y, también, la recaudación de impuestos.
El alcance de la reforma laboral está vinculado con la creación de empleos formales (los registrados en el IMSS). La pretensión es crear 100 mil empleos de este tipo por mes, pero este año el empleo acumulado al mes de octubre fue del orden de 500 mil puestos de trabajo.
Un factor clave para lograr la efectividad económica del aumento salarial y la reducción de la jornada de trabajo para sustentar un mayor nivel de actividad económica es el mejoramiento significativo de la productividad. De acuerdo con el Banco de México, hay una combinación positiva entre los aumentos salariales y la reducción de la jornada de trabajo para acrecentar el dinamismo económico, pero apunta que debe mantenerse la estabilidad macroeconómica y que crezca la productividad. El índice de productividad laboral, que mide el Inegi con base en las horas trabajadas, muestra que está en rangos similares a los de finales de 2009; se trata de un periodo de 16 años.
Como apunta un análisis de BBVA, la economía crece (poco) y sin elevar la productividad. “La informalidad y la falta de inversión en innovación y capital humano mantienen al país en una trampa de bajo crecimiento”.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México forma parte, señala que México es uno de los países miembros con menor productividad; la situación se relaciona con el lento crecimiento del producto, la baja inversión en infraestructura y proyectos productivos y el tamaño de la economía informal.
La ecuación entre el salario, la productividad y la duración de la jornada laboral, para alcanzar un nivel mayor de bienestar social que sea duradero, en un entorno de crecimiento sostenido del producto y con estabilidad de precios, no puede ser directo. Hay argumentos sobre el impacto positivo de una jornada más corta de trabajo sobre la productividad. Los hay también que apuntan a una mejora de la productividad por vía de la inversión, el cambio tecnológico y la innovación como factor para reducir la jornada de trabajo. Ese es hoy el pulso en torno a la reforma laboral. En todo caso, los resultados no se darán de manera automática con el cambio legal.
