l 28 de octubre, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de la Ciudad de México iniciaron un paro cultural de actividades ante la nula respuesta de las autoridades a su justo pliego petitorio entregado días atrás. La burla de la titular de la Secretaría Académica, sumada al silencio y ausencia sistemática de la rectora Rosa María Torres Hernández, desembocó en un cierre inmediato de instalaciones.

Cabe aclarar que se trata de un conflicto largamente incubado; los jóvenes ya habían entregado un pliego petitorio similar desde 2023. La estrategia de la autoridad frente al actual conflicto y todos los precedentes –que no son pocos– ha sido la misma: ni los veo ni los oigo. Esta es la política distintiva de la gestión de Rosa María Torres Hernández desde hace casi siete años; no ha cambiado un ápice ante el paro estudiantil.

Luego de que ninguna autoridad de la UPN se presentara a la mesa de negociación acordada para el 17 de noviembre en las instalaciones de Ajusco, la organización de estudiantes planteó como demanda central la destitución de la rectora. Solicitaron una reunión con el titular de la Subsecretaría de Educación Superior, quien después de cancelar el encuentro y trasladarlo a la semana siguiente, expresó que carecía de facultad alguna para destituirla; de manera inverosímil, se atrevió a decir que para conseguirlo, tendrían que emprender un proceso judicial. Falso: el Decreto de Creación estipula que la persona que ocupe la rectoría es nombrada o removida por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde el inicio del conflicto, la posición del sector académico ha sido apoyar de modo irrestricto al estudiantado. Así lo hemos hecho patente en sendos comunicados entregados a la SEP y otros que circulan en redes sociales.

Ante la inminente finalización del semestre 2025-II, la Secretaría Académica emitió un acuerdo amenazante del Consejo Técnico de la UPN, instancia integrada únicamente por autoridades, en el que se desconoce olímpicamente el paro y declara el cierre del semestre, conminando al profesorado a asentar calificaciones con lo que se tenga registrado y poniendo como plazo perentorio el 15 de diciembre, primer día del periodo vacacional decembrino, según el calendario oficial.

En respuesta, las y los consejeros académicos de la Ciudad de México hemos señalado las inconsistencias normativas y las repercusiones académicas negativas de esta decisión. Que en lugar de distender, esto profundiza el conflicto. En sentido estricto, corresponde al Consejo Académico (CA) adoptar las medidas necesarias para garantizar la recuperación de las semanas de clases interrumpidas por el paro estudiantil que las autoridades se han negado a resolver, algunas de ellas fácilmente atendibles, como son la mejora de las instalaciones y la asignación de becas que ya recibían.

Las y los consejeros académicos no somos los únicos que hemos respondido apoyando al estudiantado. La Asamblea de Académicos y Académicas también ha elaborado diversos comunicados, al principio llamando a las autoridades de la UPN a deponer su cerrazón, después dirigidos a la Comisión de Educación, a Mario Delgado y a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando su intervención en la solución del conflicto.

El más reciente de estos comunicados fue suscrito por 258 docentes de diferentes áreas y unidades de la Ciudad de México, expresando su rotundo rechazo al “exhorto” de las autoridades a asentar calificaciones precipitadamente, por considerar que constituye una amenaza velada, una estrategia para dividir y confrontar al estudiantado con los docentes. Eso nada tiene que ver con el supuesto interés de proteger las trayectorias académicas de las y los jóvenes; por el contrario, contribuye a la confrontación y ruptura de las relaciones entre sectores.

Si la SEP de Mario Delgado se empeña en sostener contra viento y marea a la actual rectora Rosa María Torres Hernández, que ha demostrado con creces su total distanciamiento e incapacidad para gobernar la institución, envía a todos los sectores de la comunidad UPN, y muy especialmente a los jóvenes, una señal ominosa.

Esto resulta especialmente preocupante, considerando la multiplicidad de movimientos estudiantiles activos en diversas instituciones de educación superior en el país, con demandas muy similares a las del estudiantado de la UPN, augurando el surgimiento y profundización de nuevos conflictos.

* Consejeros académicos titulares de unidades UPN Ciudad de México