Mexicali, BC., Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien fue delegado en Baja California de programas sociales del gobierno federal entre 2019 y 2025, habría incurrido en enriquecimiento oculto, una falta grave según la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El ex funcionario supuestamente perpetró esa conducta irregular al omitir presentar completas sus declaraciones patrimoniales al desempeñar dicho cargo, correspondiente a 2024 y 2025.

Ruiz Uribe aparentemente ocultó de forma deliberada en sus declaraciones de modificación patrimonial y de conclusión la venta en 11 millones de pesos de un terreno de 3 mil metros cuadrados, inscrito en su declaración inicial valuado dos años antes en 2 millones de pesos. En el documento oficial declaró en ceros cualquier ingreso por enajenación de bienes, en este caso, de inmueble.

La Auditoría Superior de la Federación considera a esta acción una falta grave, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que está en las atribuciones y obligaciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio a partir del análisis de la evolución patrimonial de Ruiz Uribe.

De proceder, la única sanción posible en este caso es la inhabilitación, señalaron fuentes consultadas, toda vez que fue destituido de su puesto público el 15 de septiembre pasado. También podría darse vista a la Fiscalía General de la República al considerarse la existencia de un acto ilícito.

Antes, en 2019, Jesús Alejandro Ruiz cometió otra falta grave al encubrir actos de corrupción consistentes en la aportación ilegal de fondos empresariales para la obtención de contratos de servicios en el gobierno de Baja California.

En ese momento Ruiz Uribe, recién nombrado delegado federal, tuvo conocimiento de actos de corrupción conocidos como moches, ya que omitió presentar una denuncia ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, y en cambio se limitó a informarle al entonces gobernador electo Jaime Bonilla, su antecesor como delegado, quien lo promovió a ese puesto.

La compraventa irregular atribuida a Jesús Alejandro Ruiz se refiere al terreno ubicado en la avenida Hamburgo del fraccionamiento Villafontana de Mexicali, donde se ubicó la Escuela Normal de Educadoras de la Universidad de Tijuana, un complejo educativo fundado por Jesús Ruiz Barraza al que integró a sus hijos, incluido a Jesús Alejandro.

Tras un conflicto familiar se hizo una distribución de planteles, con inmuebles propios, en varias ciudades del noroeste del país.

Venta a plazos de un predio en 2023

La venta a plazos y con reserva de dominio de ese predio se documentó en 2023, cuando se definió una superficie total de 3 mil 682 metros cuadrados.

El precio acordado fue de 11 millones 162 mil pesos entre Ruiz Uribe y la parte compradora, Milton Rubio, representante de la empresa Aguas de Rosarito, filial de Consolidated Water, que tiene un litigio internacional por 51 millones de dólares con el gobierno de Baja California por el incumplimiento del contrato para construcción de una planta desalinizadora de agua en Playas de Rosarito, que costaría 10 mil millones de pesos.

El primer pago se acordó el 21 de abril de 2023 mediante transferencia bancaria de Banorte a nombre de Jesús Ruiz Barraza, quien falleció tres meses después, el 29 de julio de ese año. Un segundo pago de 2 millones 134 mil pesos se acordó para el 26 de junio.

Dos días después de la muerte de Jesús Ruiz, el contrato de compraventa entre Ruiz Uribe y Rubio Díaz se inscribió el 31 de julio en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Baja California.

En el contrato de compraventa se señala que los casi 9 millones de pesos restantes se pagarían en siete transferencias mensuales de un millón 276 mil 896 pesos, así que la transacción se concluyó en enero de 2024.

Ruiz Uribe presentó el 15 de mayo de 2024 su declaración anual del año inmediato anterior, donde incluyó sólo su salario y aguinaldo por casi 2 millones de pesos, así como ingresos por actividad industrial, comercial y/o empresariales de 2 millones 256 mil pesos.

Estos ingresos correspondieron a la sociedad educativa en el Centro Bajacaliforniano de Educación Superior SC (Universidad de Tijuana) en Los Cabos, Baja California Sur, al Centro Escolar del Mar de Cortés SC de Culiacán, Sinaloa, y del Centro de Estudios Superiores de Baja California SC de Tijuana.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Transparencia, “en las declaraciones patrimoniales de Ruiz Uribe no aparece la venta millonaria del terreno en 2024 ni en 2025, antes de su destitución de la Secretaría del Bienestar”.

El también ex diputado local y ex dirigente del PRD en Baja California declaró en su patrimonio el terreno de Mexicali con un valor de 2 millones 997 mil 685 pesos. El 22 de mayo pasado, Ruiz Uribe presentó su declaración anual 2024, en la que volvió a ocultar sus ingresos por la venta del predio, el cual informó que se mantenía entre sus propiedades.

Tampoco incluyó la información patrimonial de su cónyuge, a la que estaba obligado por ley, pues ocupa una curul en el cabildo de Ensenada.