Tirso Antonio Arias Reyes lleva 30 años luchando contra el Poder Judicial de la Ciudad de México por la deuda de un crédito hipotecario que el Banco Santander cedió a unos particulares identificados como una banda criminal de cuello blanco, quienes lo despojaron de su propiedad en complicidad con notarios y jueces.

Fue en 1992 cuando solicitó un préstamo al Banco Mexicano por la cantidad de 300 mil pesos, “pero después de la crisis de 1993 no se nos permitió bajar la cantidad del préstamo por los intereses, ya que lamentablemente convertimos la deuda en Udis (Unidades de Inversión).

El proceso de pago fue muy difícil porque la deuda iba creciendo y, a pesar de pagar, aumentaba: “Tenía que decidir entre comer y mantener a mi familia, tres hijos y mi esposa, o seguir pagando”, dice el afectado en entrevista con La Jornada.

En ese momento, Tirso, de 69 años, dedicado al comercio de uniformes industriales, solicitó ayuda a El Barzón y pudo solventar la asesoría legal. Posteriormente se registró el cambio del Banco Mexicano al Banco Santander Mexicano, luego a Banco Santander, pero 11 años después ese banco vendió la cartera vencida de 50 mil pesos a particulares: María Ivette Guerra Ochoa y Xóchitl Jiménez Núñez, a pesar de que ya habían ganado en varias instancias la liquidación de la deuda.

El nuevo juicio hipotecario por más de 1 millón de pesos fue radicado en el juzgado cuadragésimo segundo de lo civil, con el juez Esteban Agustín Tapia Gaspar y la secretaria Adriana Leticia Juárez Serrano, bajo el expediente 129/2014 del Poder Judicial de la Ciudad de México.

“Estas personas particulares que ni conozco reactivaron el préstamo en complicidad con miembros del Poder Judicial de la Ciudad de México, como jueces con los que están en complicidad, y nos aplicaron una ley que no nos correspondía porque nosotros teníamos la ley de 1992. No nos notificaban y nos dejaron en total indefensión.”

El expediente judicial con más de 800 páginas restauró la deuda: “Venimos a demandar a los señores Tirso Antonio Arias Reyes y Luis Manuel Arias Guerrero como acreditados… vencimiento anticipado del crédito otorgado por Banco Santander, SA, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Santander, hoy las señoras María Ivette Guerra Ochoa y Xóchitl Jiménez Núñez, en su carácter de cesionarias, tal como acreditan las fotocopias certificadas del testimonio notarial número 132,847 de fecha 26 de julio de 2007, pasado ante la fe de Homero Díaz Rodríguez, notario público número 54 del Distrito Federal”.

Bloqueo de ingresos

El domingo 8 de diciembre del año pasado, a las 6 horas, el juez ordenó el desalojo del hogar de Tirsio, ubicado en Cuernavaca, Morelos, con mil 100 metros cuadrados, en una zona de alta plusvalía: “Embargaron mi casa y después de tantos años, mi familia quedó pulverizada; este proceso judicial destruyó a mi familia. Yo estoy viviendo en un cuartito y, desafortunadamente, estamos sobreviviendo nada más.

“Ya me bloquearon mis cuentas de la jubilación del IMSS de 9 mil pesos que se supone es intocable, el dinero que me ayuda a vivir, incluida la pensión del Bienestar que son mil 500 mensuales. No puedo disponer de ese ingreso para poder subsistir”.

Añade: “Desafortunadamente vemos que el Poder Judicial, aunque nosotros tengamos la razón, le permite a esta banda tener más recursos y recursos despojando propiedades. Lamentablemente, el abogado que teníamos de El Barzón también se coludió de alguna manera con ellos”.

Explica que su casa está compuesta por dos predios. Uno de ellos lo desalojaron de manera violenta, destruyendo muebles; mientras el otro fue prácticamente secuestrado vía judicial y no pueden acceder: “Estamos en la indefensión, estamos prácticamente en la calle”.

Añade: “Soy víctima de un despojo. El juez dio la orden con un recurso que ellos interpusieron, la banda le solicitó el desalojo y él lo concedió sin notificarnos. Imagínese, la deuda era de 50 mil pesos y, según ellos, terminó en 16 millones. Volvieron la deuda impagable para ejecutar el despojo”.

Finalmente, el desalojo fue ejecutado por más de 20 personas con agentes de la policía estatal: “En dos horas destruyeron nuestro patrimonio de 40 años. Así de fácil. Destruyeron todo. Sacaron los muebles, los aventaron. Fue una destrucción masiva. Ellos querían sacar todo a la calle, pero como son dos predios, se les pidió que dejaran los muebles en la otra mitad y fueron aventando los muebles unos encima de otros”.

En el ámbito emocional, la familia de Tirso también quedó destruida: “Mi esposa se fue, ya no está conmigo. Decidió marcharse porque obviamente tiene que buscar cómo sobrevivir. Ahora ella está por su lado y yo por el mío; también mis hijos se fueron, ya no están a mi lado”.

Según el testimonio notarial número 132,847, cedió a las señoras Guerra Ochoa y Jiménez Núñez el contrato de cesión de derechos de crédito y derechos litigiosos, siendo objeto de cesión respecto al crédito otorgado: el contrato de apertura de crédito con intereses y garantía hipotecaria, el convenio modificatorio del contrato de apertura de crédito de interés y garantía hipotecaria y los derechos hipotecarios.

Modus operandi

Tirso ha podido investigar la forma en la que operan estas bandas de despojo de inmuebles en complicidad con el Poder Judicial y los bancos, en todo el país: “Son bandas de despojo de inmuebles que operan todos los días en toda la República”.

Añade: “Por la corrupción de los jueces aplican otras leyes. En mi caso, la ley que tenían que aplicar era la de 1992, pero ellos decidieron aplicar la ley actual a favor de los demandantes. Todas estas inconsistencias fueron fundamentales para afectarnos, porque el juez en la mayor parte de sus decisiones no nos notificaba nada o si lo hacían era en direcciones equivocadas a propósito. Esto demuestra que hubo contubernio entre la autoridad y la banda criminal de despojos”.

Añade: “La corrupción del Poder Judicial en este tipo de ilegalidad es de 100 por ciento. La mitad de mi propiedad de 550 metros cuadrados ya lo embargaron. Interpusimos un proceso de revisión para que se dieran cuenta que todo fue un acto de corrupción, aunque cuando pregunto en el juzgado me dicen que ya es ‘cosa juzgada’”.

Cuenta que ha podido ver que las señoras Maria Ivette Guerra Ochoa y María Yolanda Pérez Palacios tienen activos una gran cantidad de juicios parecidos al suyo para concretar los despojos de propiedades: “Tienen una cantidad enorme de casos. Esa banda compra carteras de deudas bancarias. Por ejemplo, cuando compraron mi deuda, compraron también cinco deudas más de predios en Cuernavaca. Hicieron más despojos con el mismo modus operandi.”.

Su abogado, Javier Vargas, le ha dicho que este tipo de prácticas son absolutamente ilegales: “Evidentemente estas carteras de deudas se las tendrían que ofrecer al deudor para llegar a una solución, pero en cambio, los bancos las venden”.

Comenta que esas carteras de deudas, cuando ya están vencidas, tienen un seguro que finalmente cubría el pago de éstas: “Nosotros pagábamos un seguro para que éste cubriera la deuda si había algún problema. Todo es una mafia manejada a discreción por el Poder Judicial”.

De acuerdo con sus investigaciones, dice que estas bandas de cuello blanco hacen juicios exprés para despojar propiedades, “realizan la denuncia y a los ocho días ya tienen la resolución de los jueces que tienen en contubernio, siendo que esas resoluciones para embargar se tardan meses”.

Depresión

Tirso insiste en que su proceso debe ser atendido por otro juzgador: “Pido que un juez honesto, que no sea corrupto, tome mi caso y eche abajo todas las resoluciones a favor de ellos. Todas las decisiones del juez fueron a favor de la banda en tiempos que ya no eran válidos. Mi caso ya era cosa juzgada, pero lo reactivaron poniéndole prestanombres y prestanombres y el mismo juez se los permitió”.

Asimismo, exige que el Poder Judicial le auxilie a obtener de vuelta su casa: “Quisiera recuperar mi propiedad para tener un poquito de paz en mi vida. Mi familia ya la perdí. Este proceso nos mató a todos sicológicamente”.

Finaliza: “Vivo en depresión. Estoy muy mal. Yo tenía una familia unida. La impunidad y la corrupción judicial acabó con todo”.