Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos acordó ayer revisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento.

Los jueces escucharán la apelación de Trump a un fallo emitido por un tribunal inferior que anuló las restricciones de ciudadanía, las cuales no han entrado en vigor en ninguna parte del país.

Varios tribunales inferiores han bloqueado el intento del mandatario de eliminar la ley que contempla que todas aquellas personas que nacen en suelo estadunidense obtienen automáticamente la nacionalidad.

El decreto propuesto por el jefe de la Casa Blanca impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños recién nacidos cuya madre resida irregular o temporalmente en el país, y cuyo padre no sea ciudadano estadunidense ni residente permanente. También se ven afectados los niños cuyos padres residen temporalmente con un visado de estudiante, de trabajo o de turismo.

El principio del derecho de suelo, consagrado desde hace más de 150 años en la 14 enmienda de la Constitución, establece que todo aquel que nace en Estados Unidos es ciudadano estadunidense.

Esta enmienda fue aprobada en 1868, tras la Guerra de Secesión, con el fin de garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.

La Suprema Corte limitó hasta el 27 de junio el poder de los jueces para bloquear a escala nacional las decisiones del Ejecutivo que consideren ilegales, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, origen del litigio.

Trump firmó este decreto al regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, con el fin de combatir la migración irregular.

La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue suspendida después de que varios jueces federales fallaron en contra.

Aumenta la presión sobre Hegseth

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sigue bajo intensa presión respecto a la legalidad de los ataques con misiles que la administración Trump ordenó contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

El almirante Frank Mitch Bradley y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, dieron evidencia esta semana a los miembros de los Comités de Inteligencia y Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado sobre el primero de los ataques letales conocidos contra presuntos narcotraficantes, el 2 de septiembre.

El ataque fue motivo de indignación en medio de acusaciones de que Hegseth ordenó un segundo ataque para “matar a todos” cuando dos sobrevivientes fueron vistos aferrados a los restos en el océano tras la explosión inicial.

El almirante Bradley reafirmó que no hubo una segunda orden de “matar”, pero eso no tranquilizó a Rand Paul, senador republicano de Kentucky , quien pidió que Hegseth testifique bajo juramento.

El representante demócrata de Michigan, Shri Thanedar, señaló que presentará dos artículos de juicio político contra Hegseth por los ataques y por el escándalo Signalgate, en el que se compartieron detalles de la operación contra los rebeldes hutíes en Yemen en un chat grupal en el que participó un periodista.

La Nueva Coalición Demócrata de la Cámara de Representantes exigió la renuncia inmediata de Hegseth, y lo calificaron como un “incompetente, imprudente y una amenaza para las vidas de los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas armadas”, reportó The Guardian.