El conflicto por el cambio de administrador en la unidad habitacional Villa Olímpica sacó a la luz el riesgo para los condóminos de la pérdida de 13 millones de pesos de cuotas, fondo y ahorros que depositó el actual comité de vigilancia a CiBanco sin el aval de la asamblea, por lo cual se resisten a irse bajo el amparo de funcionarios de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.

Los residentes han denunciado una “intervención ilegal y sistemática” del jefe de unidad departamental de Tlalpan, Luis Eduardo Aguilar Gudiño, que bajo el uso de su cargo “ha fabricado una crisis para justificar una intromisión que viola la Ley de Propiedad en Condominio, ignorando las decisiones tomadas en las asambleas”.

Lejos de mediar, los residentes lo acusan de intervenir para incrementar los conflictos, que se agravan ante la posibilidad de perder cerca de 13 millones de pesos por su intromisión. “El procurador ha tomado partido por un grupo interno cuya responsabilidad en dicha pérdida no está aclarada”.

Entre las injerencias del servidor público, señalaron la emisión de una convocatoria para contrarrestar la asamblea extraordinaria que ayer se realizó por el administrador electo y que la Procuraduría Social se niega a darle registro “para que a petición de un grupo afín al comité de vigilancia este sábado intenten revertir la decisión de la mayoría de condóminos”.

La convocatoria, afirmaron, es ilegal porque la ley sólo faculta a la Prosoc a intervenir cuando no existe administración ni comité de vigilancia; en este caso sí hay ambos.

Además, en las asambleas que se realizaron en agosto y septiembre se eligió al Ardavín Cano como administrador y se avaló la firma de su contrato, pero la Prosoc sistemáticamente lo ha bloqueado y saboteado, además de usar tecnicismos para negarle el registro.

La conducta de Aguilar no resulta clara, luego de conocer su declaración patrimonial de 2025 en la que refleja la adquisición, por donación, de dos departamentos valuados en 1.39 y 4.99 millones de pesos.

Uno lo donó la empresa Multivisión Inmobiliaria SA, lo que contrasta notablemente con su ingreso neto anual como servidor público, de 195 mil 673 pesos, situación que, indicaron los vecinos, “ameritaría una revisión de las autoridades”.