El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México despidió a 53 verificadores que no aprobaron los exámenes de control y confianza.

Dicho personal, precisó el organismo, fue el que se manifestó frente a sus oficinas y bloquearon ambos sentidos de la avenida Insurgentes Sur, en su cruce con Eje 6 Sur Holbein, por más de una hora para exigir el pago del aguinaldo y de la prima vacacional.

La protesta empezó alrededor de las 8:30 horas y obligó a suspender el servicio de la línea 1 del Metrobús, y para hacer visible sus quejas y demandas portaron lonas en las que se leían consignas dirigidas al titular del Invea, Jorge Salvador Esquinca Montaño.

“¡Esquinca: te exigimos trato digno!, ¡no más coerción!, ¡páganos nuestro aguinaldo y prima vacacional!”, así como “la corrupción no está en el verificador, sino en el director, y ¡Esquinca: fuera del Invea!”, formaron parte de las consignas escritas por los manifestantes.

A las 9:45 de la mañana el tránsito vehicular se normalizó, luego de que policías capitalinos con casco y escudos replegaron a los manifestantes a la banqueta.

En tanto, trabajadores consultados acerca de la manifestación comentaron que “hay injusticias laborales”; además, mientras unos dijeron que fueron despedidos de manera “injustificada”, otros prefirieron no hacer declaraciones para evitar posibles represalias.

Al respecto, el instituto explicó que de los 242 verificadores a quienes se aplicaron exámenes de control y confianza –entre octubre y noviembre–, 53 fueron separados de su cargo por no acreditar los procesos de evaluación, que consistieron en revisión del entorno social, polígrafo, exámenes médicos, toxicológicos y sicológicos”.

Agregó que desde la tarde de ayer se estableció una mesa de diálogo con los inconformes y se revisará cada uno de los casos junto con la Secretaría de Gobierno capitalina.

En julio pasado, empresarios y trabajadores de restaurantes, bares, pizzerías y fondas de varias alcaldías bloquearon por dos horas la misma vialidad para protestar por la colocación de sellos de suspensión y clausura de establecimientos de manera injustificada.