Guadalajara, Jal., Comuneros de San Lorenzo Azqueltan, ayuntamiento de Villa Guerrero, denunciaron que el crimen de Marcos Aguilar Rojas, uno de sus líderes, ocurrido la semana pasada, fue “planeado, acordado, ejecutado por caciques y sus pistoleros amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales”, ante ello, decidieron recuperar el predio El Caracol, donde se perpetró el homicidio.

“Su asesinato no fue improvisado, fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltan”, informaron en un comunicado conjunto reproducido por el Congreso Nacional Indígena.

Los habitantes de San Lorenzo Azqueltan, ubicado al fondo del cañón de Bolaños, junto al río del mismo nombre, al norte de Jalisco, había denunciado de forma recurrente las agresiones e intentos de despojo de su territorio ancestral, parte del cual está en litigio ante pequeños propietarios que con apoyo de las autoridades han buscado reducir el conflicto a “disputa entre particulares”, refirió hace unos días el fiscal estatal Salvador González de los Santos, tras el ataque al líder.

El 30 de noviembre, el poblado recuperó, con una movilización, El Caracol y anunció que seguirá en defensa de la vida y el territorio.

Acusaron que el 25 de noviembre, un día antes del asesinato en el que también resultó herido el hermano de Marcos, Gabriel Aguilar, en el domicilio de Juan Aguilar “se reunieron los pistoleros y el cacique Refugio Raygoza para planear el despojo de las tierras comunales El Sabino Quemado y El Caracol”.

Detallaron que “acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para la que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez (La Polla) y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros”.

Afirmaron que las carpetas de investigación acumuladas por años muestran el mismo patrón y un mismo grupo que han actuado con armas de fuego y extrema violencia durante al menos siete años en violaciones documentadas.

En el boletín también revelaron que en la carpeta de investigación abierta tras el asesinato de Marcos Aguilar (468/2025 5-J) muestra cómo “la fiscalía de Jalisco y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel, de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros. El más reciente acto de complicidad fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, administrador distrital del juzgado de jontrol del decimoprimer distrito judicial con sede en Colotlán, Jalisco”.

Precisaron que el 13 de noviembre, cuando agentes de la fiscalía apoyaron el desalojo de comuneros del predio El Caracol para entregarlo a los particulares, dichos policías ante el reclamo les respondieron que “les valía madre el juicio agrario en curso, que si corrían los quiebran” y que iban a entrar más elementos y armados, lo cual fue cumplido.

Por ello, consideraron que el crimen de Marcos Aguilar es un paso más en el despojo de las 38 mil hectáreas del territorio comunal, por lo cual culparon al Estado mexicano por no garantizar su seguridad ni la posesión de sus tierras.