De 2020 a 2025, por lo menos 186 personas han sido detenidas en la Ciudad de México por el delito de “derribo, tala o muerte de uno o más árboles de forma ilícita”, de las cuales 98 presuntamente estarían relacionadas con la tala en las zonas forestales, revelan datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Sin embargo, de acuerdo con habitantes de Tlalpan y Milpa Alta, persiste la tala ilegal en ambas demarcaciones. En la primera alcaldía el foco se ubica en el pueblo de San Miguel Topilejo y en el Ajusco, donde han detectado el ingreso de talamontes de Huitzilac, Morelos, y de Xalatlaco, estado de México, respectivamente. En Milpa Alta, la actividad ilícita se concentra en los pueblos de Santa Ana Tlacotenco y San Pablo Oztotepec.

Tan sólo en lo que va del año se han asegurado 687 metros cúbicos de madera en rollo y escuadría, es decir, en láminas, de acuerdo con los registros de la Sedema.

Datos del TSJ obtenidos vía transparencia revelan que entre 2020 y 2024 se realizaron 177 detenciones por este delito; en 106 casos se ratificó la aprehensión y en 71 fueron catalogados como no legales.

A ellas se suman nueve detenciones realizadas este año en parajes como El Tzompulle, en Milpa Alta; la barranca de Atzoyapan, en Álvaro Obregón, Los Dinamos y ladera del Aguaje, en Magdalena Contreras, y en la carretera México-Cuernavaca, en Tlalpan.

De 2020 al 2024, en el Tribunal Superior de Justicia se halló que 108 personas fueron presentadas a audiencia ante un juez, pero sólo 99 fueron vinculadas a proceso por este ilícito cometido en suelo de conservación y no conservación; mientras a nueve no se les abrió proceso.

Los datos analizados señalan que, en este periodo, diferentes tribunales de enjuiciamiento han dictado 30 sentencias condenatorias, de las cuales la más alta ha sido de cuatro años.

Los trabajos para combatir este ilícito se realizan en colaboración con las secretarías de Medio Ambiente, de la Defensa Nacional, de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los recorridos de vigilancia se realizan en las principales zonas forestales; además, se han implementado filtros carreteros en las entradas y salidas de la ciudad.