En víspera de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación, hicieron un llamado al máximo tribunal para poner al centro de la discusión a los agraviados y garantizar la protección efectiva de sus derechos.

La SCJN debatirá hoy el proyecto a cargo del ministro Giovanni Figueroa Mejía, con el que “tiene en sus manos la oportunidad de asegurar la protección efectiva de los derechos de miles de víctimas en México, exigiendo que se restablezca un presupuesto fijo, etiquetado e irreductible”, señalaron en un comunicado.

La importancia, subrayaron, es que “el mínimo presupuestal debe garantizarse mediante los instrumentos legales disponibles y debe etiquetarse específicamente para ayuda, atención y reparación de daños, con el propósito de que no se destine para otros fines”.

En 2020, con la reforma a la LGV se eliminó el postulado contenido en el artículo 132, fracción I, que incluía la garantía de un recurso mínimo, el cual no podía ser menor a 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior.

En consecuencia, el Centro Prodh promovió una demanda de amparo en 2021. La primera sala de la SCJN, en sesión del 13 de marzo de 2024, resolvió por unanimidad el amparo en revisión 675/2022, en cuya sentencia declaró que la eliminación de la mencionada garantía presupuestaria en favor de las víctimas constituye una medida regresiva injustificada y violatoria del principio de progresividad, en relación con el derecho humano a una reparación integral del daño.

El Congreso fue omiso

Debido a que el Congreso de la Unión no hizo los cambios necesarios para revertir esta medida regresiva, “la SCJN tiene en sus manos, al discutir el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad, la oportunidad de garantizar los derechos de las víctimas, estableciendo efectos claros y obligatorios”.

Las organizaciones civiles referidas enfatizaron que la decisión es central para asegurar el ejercicio pleno de las garantías constitucionales de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, particularmente ante un contexto donde la violencia continúa en niveles alarmantes y el número de agraviados directos e indirectos continúa en aumento.