omo prometí el lunes pasado, menciono otros factores que hacen que las lluvias, en vez de ser benéficas en todo sentido, ocasionen cada año tragedias humanas y numerosos daños materiales. Uno básico es que ningún municipio del país cumple con los ordenamientos territoriales dispuestos por la ley. Sucede especialmente desde hace medio siglo. Ese incumplimiento incluye a las 50 principales ciudades, comenzando por la capital del país, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Guanajuato, León,Villa Hermosa, Oaxaca y Veracruz, por ejemplo.

Lo anterior lleva a que las familias de escasos recursos que migran del campo a las poblaciones, o son expulsadas de sus hogares en los grandes centros urbanos por la especulación inmobiliaria, levanten sus viviendas en áreas muy frágiles, expuestas a los efectos de las lluvias o al desbordamiento de las cuencas hidrográficas. Un ejemplo entre muchos son las poblaciones de más de mil habitantes ubicadas en las márgenes de los ríos Pánuco, Cazones, Tuxpan, Tecolutla, Nautla, Misantla, Actopan, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla, Blanco, Papaloapan, Tamesí, Blanco, Atoyac, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta.

Todavía no terminan de evaluarse los daños ocasionados por los ríos que atraviesan las cinco principales entidades afectadas el mes pasado por las intensas lluvias y el desbordamiento de sus corrientes hídricas: Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. Son más de 120 los municipios, con Poza Rica como el caso más notable. Para fortuna de miles de habitantes, el río Pánuco no se desbordó lo suficiente como para causar inundaciones. Pero marca una advertencia, pues las lluvias serán cada vez más intensas como fruto del cambio climático.

Se van las lluvias pero quedan las alertas para el futuro, según las instancias oficiales relacionadas con el agua. Un ejemplo: Veracruz es la entidad con el mayor número de corrientes hídricas en semáforo rojo y amarillo: 220. Le siguen Guanajuato, con 139; luego Jalisco, con 118; después Puebla, con 112, y Michoacán, con 98. Y hay una constante en que estén en esa situación de alerta: pese a que existe una legislación muy clara que prohíbe convertir a los cuerpos de agua en basureros de la industria, el comercio, la agricultura y los asentamientos humanos, la ignoran todos los municipios.

Por descargas urbanas intensas sobresalen las 50 principales ciudades, comenzando por las áreas metropolitanas de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Toluca; el corredor industrial Querétaro-Celaya-Salamanca-Irapuato y Silao; Xalapa, Querétaro, Veracruz, Villahermosa, Córdoba, Oaxaca, el corredor petrolero y petroquímico de Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Cangrejera. En esas descargas van las aguas negras de hogares, restaurantes, mercados y el sector servicios; además, basura de todo tipo y sustancias tóxicas. Y a ello se suma, en ciertas entidades, los escurrimientos de tierra fruto de la deforestación de las cuencas hídricas. El resultado: menos capacidad para transportar el agua que dejan las lluvias, debido a las aguas negras de las poblaciones, los desechos de las industrias y la basura.

Otro problema: los 210 principales embalses del país también han perdido capacidad de almacenamiento. Todos tienen algún grado de azolve. Y ello porque sus fuentes alimentadoras, que son especialmente los ríos, les llevan basura de todo tipo y tierra fruto de la erosión de sus áreas ribereñas.

Estos problemas los conocen las instancias oficiales obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de tratamiento de las aguas residuales. Tampoco lo hacen en cuanto a la prohibición de arrojar desechos diversos a las cuencas hidrográficas. Pero reina la impunidad.

Y a todo lo anterior, que tantas veces he abordado en mis columnas, sumo el pésimo desempeño de la burocracia oficial. Un caso reciente por la tragedia que afectó al estado de Veracruz es la gobernadora de esa entidad, Rocío Nahle. En el sexenio pasado, y desde Palacio Nacional, la escogieron para ese cargo. Antes, fue responsable del sector energético nacional y mostró su ineptitud. Más evidente al no enfrentar adecuadamente los problemas derivados de las intensas lluvias.

El actual sexenio requiere urgentemente un cambio radical en la política para prevenir y/o reducir los efectos de los desastres naturales, en buena medida ocasionados por la acción humana.