Puebla, Pue., El gobierno de Puebla lanzó la primera fase de su estrategia de seguridad en la autopista Puebla-Orizaba, con una licitación pública nacional para la instalación de un sofisticado sistema de videovigilancia en 30 puntos del corredor de alta incidencia delictiva Acatzingo-Ciudad Mendoza, que se extiende hasta la plaza de cobro de Esperanza.

Este proyecto cuenta con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal, implica una inversión inicial de 131 millones de pesos y la colocación de un total de 106 cámaras y equipos aéreos no tripulados.

El gasto global del blindaje de toda la autopista México-Puebla asciende a 268 millones de pesos para un total de 218 cámaras.

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) convocó a empresas capaces de suministrar e instalar 30 puntos de monitoreo inteligente en el tramo carretero. Cada sitio de vigilancia será una estructura de alta resistencia, equipada con tres cámaras: dos fijas tipo bala y una PTZ (con capacidad de rotación, inclinación y zoom) para cobertura dinámica.

Asimismo, contará con sistemas de energía solar y eólica para su operación autónoma, y protección antiescalada en los postes hexagonales que requerirán obra civil de cimentación y una barandilla de protección contra vandalismo.

Destaca la instalación de cámaras de lectura de placas en 16 de los 30 lugares, fundamentales para la identificación y seguimiento de vehículos involucrados en actividades ilícitas.

Además de la infraestructura terrestre, el proyecto incorporará dos drones para reforzar la vigilancia aérea, especialmente en áreas de difícil acceso.

Toda la información capturada por las 106 cámaras será transmitida y vigilada en tiempo real desde el Complejo Metropolita-no de Seguridad (C5). Para ello, el proveedor deberá entregar e instalar un videowall compues-to por 20 pantallas LED de 55 pulgadas y su decodificador de video.

Por su parte, Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública, precisó que el proveedor deberá superar rigurosas pruebas de funcionamiento en cada ubicación, sin costo adicional para la dependencia.

En caso de fallos, aclaró que la empresa tendrá un plazo no mayor a 10 días hábiles para realizar todos los ajustes y correcciones hasta la plena satisfacción, garantizando así la efectividad del sistema contra el robo a transportistas, principal objetivo de este proyecto.