Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitaron a diferentes instancias públicas que emprendan una “investigación a profundidad” por las posibles discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del senador morenista Adán Augusto López Hernández.

“En días recientes se han difundido señalamientos públicos sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés relacionados con el senador Adán Augusto López Hernández. Frente a la relevancia de la investidura legislativa y el deber de ejemplo de quienes integran el Senado, es necesario aclarar, sin ambigüedades, cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.

Así lo expresaron en un “posicionamiento público”, difundido ayer, y que fue suscrito por la presidenta del Comité Coordinador del SNA, Vania Pérez Morales; Laura Elisa Morales y Guadalupe Huchin, del Comité de Participación Ciudadana de Puebla; así como por Keops Gibrán Torres, del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de Durango; y acompañado por seis de los 22 consejos estatales de participación ciudadana ( Quintana Roo, Durango, Michoacán, Campeche, Jalisco y Sinaloa).

Denuncian acoso

Pérez Morales denunció presuntas presiones de la consejera Patricia Talavera, así como acoso por parte del equipo de apoyo, por lo que se ordenó bajar el pronunciamiento de las redes institucionales del Comité de Participación Ciudadana.

Remarcaron que esta posición “no prejuzga” y sólo constata la existencia de señalamientos que ameritan verificación oficial, pronta y documentada.

Hace unas semanas se difundió que el legislador tabasqueño habría recibido, entre 2023 y 2024, más de 79 millones de pesos de diversas empresas, algunas de ellas consideradas como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ingresos que el senador no reportó en su declaración patrimonial.

Acentuaron que el Senado debe impedir ser utilizado como “escudo” para evadir responsabilidades.

Al órgano interno de control de esa Cámara le solicitaron realizar las verificaciones y cruces de información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales del legislador, conforme a la ley general de responsabilidades administrativas.

Solicitaron al SAT “confirmar, conforme a sus facultades y tiempos procesales, la consistencia fiscal de la información pública difundida y determinar lo que a derecho corresponda”.

En tanto que a la Auditoría Superior de la Federación le exhortaron a revisar las posibles contradicciones y flujos vinculados al periodo referido e informar públicamente sus hallazgos.

A la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República “valorar la procedencia de la apertura de indagatorias sobre eventuales operaciones inusuales y, de ser el caso, judicializar con estricto apego a derecho”.

A la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidieron que coadyuve con insumos de integridad pública y mecanismos de coordinación interinstitucional para el debido esclarecimiento.

“Nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad.”

Indicaron que el proceso debe preservar los principios de presunción de inocencia y de debido proceso; y solicitaron que las autoridades requeridas actúen con oportunidad, rigor técnico y transparencia.

Confiaron en que el senador aporte información necesaria.