olker Türk fue elegido Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2022. Desde su llegada, ha sido incisivo con el impacto de la política de drogas prohibicionista de sustancias sicoactivas en la violación de los derechos humanos. Las tragedias humanitarias de aquellos que usaron la “lucha contra las drogas” para reprimir a la población son numerosas y una de ellas ocurrió en las Filipinas, cuando su presidente Rodrigo Duterte decidió extender una campaña criminal “antinarco” que resultó en masivas violaciones de los derechos humanos. En 2021, la Corte Penal Internacional autorizó una investigación formal por violaciones entre 2016 y 2019, y Duterte se negó a comparecer. En 2025 fue acusado de ser responsable en el asesinato de 76 personas y en este momento está detenido por crímenes contra la humanidad de asesinato, tortura y violaciones, al ser capturado en un vuelo internacional.

El otro trágico ejemplo de violaciones masivas de derechos humanos por parte de la política de drogas es Colombia, con su máxima expresión con el Plan Colombia. La Comisión de la Verdad demostró cómo el conflicto armado se había agudizado y desgradado por la “lucha contra las drogas”, que atizó profundamente las contradicciones entre actores e inyectó cantidad nunca vista de presupuestos en la estrategia antinarcóticos, que no distinguió combatientes de civiles y que mutó por completo el conflicto en el país. Las aspersiones aéreas con glifosato son un ejemplo de ello.

En 2023, la 54 sesión del Consejo de Derechos Humanos publicó la resolución “Desafíos en materia de derechos humanos para abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas”, y citó el informe de la Comisión de la Verdad como un ejemplo de avances en la urgente necesidad de articular la política de drogas con los derechos humanos, donde se puede leer:

“La Comisión de la Verdad ha recomendado la regulación de todas las drogas, la desmilitarización de las políticas de drogas en lo que respecta a los cultivos, el establecimiento de espacios de diálogo sobre el impacto de las políticas de drogas y un cambio en los indicadores para medir dicho impacto.”

En paralelo, desde 2022, uno de los logros más importantes de la Comisión de la Verdad fue activar miles de organizaciones de víctimas en todo el mundo que han sufrido el exilio y se han convertido en legatarios de los hallazgos y las recomendaciones. Uno de los más fuertes es la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, en Cataluña, quienes han convocado dos encuentros internacionales para discutir el informe de la comisión sobre narcotráfico, economías de cocaína, mariguana y política de drogas. En su manifiesto final en junio de 2025 leyeron en el cierre del último encuentro:

“Como Taula reiteramos la necesidad urgente de abandonar los enfoques exclusivamente punitivos y prohibicionistas que, lejos de resolver el problema, han generado más violencia, injusticias y sufrimiento, avanzando hacia la regulación de los mercados de drogas. Esto implica diseñar una política basada en el respeto a los derechos humanos, con principios de reducción de riesgos y daños, salud pública, desarrollo sostenible, participación social, descentralización y enfoques territorial y diferencial.”

Las preocupaciones en Ginebra del Alto Comisionado y el dolor del exilio en el movimiento de los derechos humanos va creciendo en influencia, aunque van andando en paralelo. En octubre de este año, en el 60 periodo de sesiones, se redactó el borrador de una resolución en el que el Consejo de Derechos Humanos reafirmó la preocupacion de las políticas en materias de drogas en los derechos humanos. Allí se llamó la atención a la necesidad de que toda política de prevención de cultivos deban respetar los derechos humanos, se exhortó a la participación de comunidades asegurada, libre y protegida por las instituciones, y se planteó una serie de caminos, como un informe y una mesa redonda, para hacer que la Comisión de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito construyan un diálogo constructivo e inclusivo con el fin de lograr el cambio de la política de drogas en su articulación con los derechos humanos.

Esta es una ventana que se abre gracias al liderazgo de la Oficina de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en cabeza de Volker Türk y a la fuerza del movimiento de derechos humanos en Colombia, que han puesto la agenda desde su propia orilla. Es preciso que por fin se unan. Y además, es el momento de que múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia, Ecuador, México y Venezuela, ad portas de las graves violaciones que se vienen dando en sus países, y con particular alarma en el Caribe, se sumen en esta dirección. Es la única que puede, en un futuro, condenar los reyezuelos “antinarcóticos”.

* Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río; su último libro es Levantados de la selva