La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida reunió en la comunidad Loma de Bácum, en Sonora, a pueblos indígenas, barrios y comunidades de México para intercambiar los mecanismos de despojo del agua que sufren, y sobre todo las estrategias de lucha que llevan a cabo para defenderla y cuidarla.

En el encuentro participaron representantes de 17 entidades: Zacatecas, Sonora, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Baja California, Morelos, Oaxaca y Campeche; así como de Argentina, al igual que “hermanos de los pueblos purépecha, maya peninsular, totonaco, nuntajiyi, nahua, yaqui, mayo, ñu-savi, mixe, tsotsil, tzeltal, otomí, rarámuri, máyeri, mazateca, chol, mapuche”.

Como parte de los resolutivos del evento, los participantes demandaron, en un comunicado, “que el Estado mexicano rompa relación con el estado genocida de Israel”, “la libertad de Palestina” y que se retiren “las concesiones mineras otorgadas al Grupo México, que contaminaron y enfermaron el río Sonora” en 2014.

También demandaron “la eliminación inmediata de los procesos judiciales en contra de 56 defensores comunitarios mazatecos perseguidos”, oriundos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, para quienes demandaron “amparos y sentencias de libertad inmediata”.

Asimismo requirieron “la eliminación de los procesos judiciales, el acoso y criminalización contra Renato Romero y Pascual Bermúdez en Xoxtla, Puebla, fabricadas en razón de la defensa del pozo 4 de agua”.

Exigieron “al estado de Chiapas la libertad inmediata e incondicional de cinco presos de San Juan Cancúc, indígenas tseltales; Manuel Santiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, y Agustín Pérez Velazco, injustamente recluidos por defender el territorio y el agua ante la imposición de la carretera de San Cristóbal Palenque y contra la militarización”.

Solicitaron “justicia para Estela Hernández, torturada en junio de 2025 en el DIF de Amealco, Querétaro, en razón de la defensa de los derechos de las comunidades originarias”, además de la cancelación del gasoducto Puerta al Sureste, que violenta los derechos de nuestros pueblos indígenas náhuatl y nuntajiyi del sur de Veracruz”.

Reclamaron que “se detenga el despojo de espacios verdes en Sacramento Residencial y Centenario Sonora, además de los ataques a sus habitantes afectados que defienden estos espacios”, y “la presentación con vida ante las desapariciones forzadas de 10 integrantes de la guardia tradicional de la Heroica Loma de Bácum el 14 de julio de 2021”.

Otras exigencias fueron “la aparición con vida” de Sergio Rivera, defensor del agua y territorio en la Sierra Negra del estado de Puebla, y “detener el hostigamiento, acoso, amenazas y extorsión a personas de la comunidad Reyes Metzontla en Zapotitlán, Puebla, por parte del estado que favorece la empresa minera impuesta en su territorio del cual no tiene registro”.

Del mismo modo, pidieron que “se frenen las amenazas de muerte contra Rubén Sarabia Sánchez (Simitrio)”, de policías estatales y municipales de Puebla, “y la libertad incondicional y absoluta para los presos Antonio Vidal y Ángel Sierra”.

Además reprocharon “la imposición de la presa Milpillas (Zacatecas), la extracción injusta de aguas profundas del cauce del río Atenco, el cual defiende el movimiento en defensa del territorio del río Atenco, Zacatecas”.