El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) reconoció ayer los avances logrados en entidades federativas mexicanas en la protección y atención de las personas desplazadas internas, tras concluir el tercer Foro Interregional sobre aplicación de legislación y políticas públicas relacionadas con el desplazamiento interno, realizado del 1º al 3 de octubre en San Remo, Italia.

En el encuentro –organizado por la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos y Acnur–, los representantes de México compartieron experiencias con autoridades locales de países como Colombia, Etiopía, Honduras, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Somalia y Ucrania.

El foro abordó las conexiones entre políticas municipales y nacionales en la atención y protección a las personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares, según un comunicado.

“Michoacán y Oaxaca han realizado avances significativos en la protección de las personas desplazadas internas. Su participación es sumamente relevante, pues podrán compartir experiencias y aprender de sus pares en otras ciudades del mundo”, señaló Giovanni Lepri, representante de la organización internacional en México.

Durante las sesiones de trabajo, la relatora Paula Gaviria Betancur destacó que las comunidades desplazadas ya contribuyen a la vida social y económica de las ciudades que las acogen, asimismo las autoridades locales suelen ser las primeras en responder a esta problemática.

Por parte de Michoacán, Estefanía Chávez Gutiérrez, titular de la Unidad para la Atención de los Migrantes y sus Familias, subrayó la importancia de la reunión para fortalecer la cooperación global: “hemos podido abrir espacios de diálogo, crear puentes de cooperación y avanzar en soluciones que pongan al ser humano en el centro de la respuesta”.

El desplazamiento forzado interno en México sigue siendo un reto, de acuerdo con Acnur. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, del Inegi, estima que más de 248 mil hogares cambiaron de residencia para protegerse de la delincuencia, mientras organizaciones civiles calculan entre 26 mil y 28 mil personas han sido desplazadas por violencia masiva el año pasado.

El organismo mundial expuso que actualmente, cinco estados del país cuentan con leyes específicas sobre el tema, y varios más han desarrollado protocolos y mecanismos de coordinación interinstitucional.