Hermosillo, Son., Después de permanecer tres años prófuga en Estados Unidos, Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC –donde el 5 de junio de 2009 murieron en un incendio 49 niños y niñas, y dece-nas de personas resultaron heridas– fue detenida en Nogales luego de ser deportada a México por autoridades migratorias del país vecino.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Sandra T, por los delitos de homici-dio y lesiones culposas, para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra, por la comisión de dichos ilícitos”.

La institución especificó que el mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno de México.

“La imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil de Hermosillo, a disposición del juez de la causa”, destacó.

El aseguramiento se realizó en la garita Dennis DeConcini, en la frontera de Nogales tras una deportación coordinada entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Solicitó asilo sin éxito

De acuerdo con la fiscalía, la implicada permaneció en Arizona tras solicitar asilo político sin éxito.

En 2016 fue sentenciada a 28 años de prisión; sin embargo, por una serie de amparos y apelaciones se redujo su condena a cinco años y siete meses; incumplió su libertad condicional y huyó a Estados Unidos.

En 2022 se giró una ficha roja de Interpol en su contra, lo que permitió su detención en agosto pasado en territorio estadunidense y su reclusión en el centro migratorio de Eloy, hasta que fue entregada a las autoridades mexicanas.

El colectivo de padres y madres de víctimas de la Guardería ABC señaló que se enteró del arresto por los medios de comunicación y que ninguna autoridad federal les notificó formalmente.

En un comunicado, exigieron al gobierno federal garantizar que la imputada cumpla con la sentencia.

“El Estado mexicano debe hacer lo necesario para que Sandra Lucía Téllez Nieves sea puesta a disposición de las autoridades competentes y pague por lo que hizo”, expresaron en la carta dirigida a la presidenta Claudia Sheibaum Pardo y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.