Al cumplir un año de gobierno, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo firmó las iniciativas para expedir la ley general de aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de recuperar el derecho humano al vital líquido y fortalecer la rectoría del Estado sobre ese líquido vital.

Asimismo, dotar de más instrumentos jurídicos a la autoridad, con el fin de combatir el mercado negro en torno a ese recurso.

Con estos cambios, el gobierno federal busca poner fin a la reforma que en 1992 realizó Carlos Salinas de Gortari, con lo cual “convirtió las concesiones de agua en mercancía”, señaló la mandataria.

Ayer, en la conferencia de prensa matutina 248, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que se creará un capítulo de delitos hídricos, que contempla la explotación, extracción y traslado ilegal de las aguas nacionales, entre otros.

También, precisó, se establecerán elementos para combatir la corrupción en la expedición de títulos y cualquier trámite, lo cual se agravará cuando se trate de servidores públicos. Se fortalecerán sanciones y multas, de manera que las penas irán de uno a 10 años de prisión; en el caso de robo del líquido, se plantea aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Morales mencionó que con la ley general de aguas –reglamentaria del artículo cuarto constitucional– se definirán las competencias entre los tres niveles de gobierno para garantizar el derecho humano a tenerla. “Un aspecto importante es que se reconocen los sistemas comunitarios”, sostuvo.

En tanto, con la enmienda a la Ley de Aguas Nacionales –reglamentaria del artículo 27 constitucional–, el recurso “deja de verse como mercancía, se reconoce como bien estratégico de la nación y como un derecho humano”.

Destacó que el Estado será el único responsable de regular su uso, además de que se elimina la posibilidad de transmitir concesiones entre particulares.

Toda prórroga pasará por el análisis de Conagua, se deberá estar al corriente en obligaciones fiscales y no darle uso distinto a las licencias.

Asimismo, habrá responsabilidad hídrica, se eliminan los cambios de uso y se crea un registro nacional del agua, para lo cual se realiza la revisión detallada de cada una de las concesiones. Ello, agregó el funcionario, para “evitar corrupción y se tenga una trazabilidad de cada título”, además de brindar certeza jurídica a todos los usuarios.

El gobierno creará un fondo de reserva de aguas nacionales con la extinción de permisos o los que ya no se utilicen, y para evitar acaparamiento se limita el pago de cuota de garantía a un máximo de cinco años.

Promueve la tecnificación, restablecer la regulación correspondiente para la captación pluvial y la planeación hídrica a corto, mediano y largo plazos.

Ayer, Sheinbaum consideró que el cambio a la Ley de Aguas Nacionales es “una buena forma de celebrar el primer año de gobierno”.

En tanto, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, expuso que defender el derecho al agua es resistir al extractivismo, al despojo y al cambio climático.

La mandataria envió los documentos a la Cámara de Diputados.