El Senado formuló la declaratoria de la reforma constitucional que faculta al Congreso para expedir una Ley General en Materia de Extorsión, que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones.

La mesa directiva del Senado, encabezada en ese momento por el presidente en funciones, Jorge Carlos Ramírez Marín, realizó el conteo de 22 congresos estatales que avalaron esa reforma al artículo 73 de la Carta Magna –previamente aprobada por las dos cámaras del Congreso– y la remitió al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.

En el dictamen del decreto de esa iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer concluyó su proceso constitucional, se precisa que la extorsión constituye un delito de alto impacto, cuyas repercusiones no se limitan a la afectación individual, sino que afecta al patrimonio colectivo, la economía nacional e, incluso, tiene impacto negativo en la estabilidad emocional y sicológica de las personas afectadas.

Por ello, se busca evitar una indebida fragmentación jurídica que impacte en la procuración e impartición de justicia y provoque inseguridad jurídica para las víctimas, por lo que busca articular de una forma eficiente y eficaz los recursos del Estado mexicano para el combate estratégico de este delito, mediante acciones de investigación e inteligencia y el uso de herramientas institucionales.