La reforma en materia de amparo se votará este miércoles por la mañana en comisiones del Senado y se prevé que por la noche se ponga a consideración de los legisladores en una sesión del pleno, un dictamen que incluye 15 cambios, entre ellos uno de fondo referido a la figura del interés legítimo.

Este fue uno de los puntos de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que más inconformidad generó no sólo entre sectores de la derecha, sino incluso en legisladores de Morena y en organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

A nombre de ese grupo, Ivette Galván García, durante la segunda audiencia en torno a la iniciativa, comentó que es una propuesta regresiva que esfuma una década de avances que hizo posible, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la defensa del medio ambiente y de derechos reproductivos, debido a que sólo protege a individuos y no a colectivos.

Otros ponentes, como ex magistrados y representantes de colegios de abogados, se manifestaron también en contra de la redacción del artículo quinto de la Ley de Amparo en el que se precisa: “Tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado, deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto, directo y no meramente hipotético o eventual, en caso de que se otorgue el amparo”.

La modificación propuesta por las comisiones dictaminadoras reconoce que el interés legítimo puede ser de carácter individual o colectivo y no necesariamente requiere que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea directo. Con ello, se incluye la defensa de los derechos colectivos.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, consideró que este es un cambio de fondo que termina con la objeción que diversos sectores habían formulado a la iniciativa presidencial.

También en el artículo 135 se plantean cambios, a fin de dar mayor claridad a los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes.

Asimismo, hubo ajustes a la reforma para ampliar los plazos procesales y se aumentó de 60 a 90 días naturales el periodo para que los jueces dicten sentencia en amparos indirectos, en armonía con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se suprimieron disposiciones que limitaban la imposición de multas y sanciones penales a autoridades responsables de incumplir suspensiones y sentencias de amparo.

Las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda van a presentar los cambios a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum en la reunión extraordinaria convocada para hoy por la mañana.

El dictamen que se apruebe se turnará de inmediato a la mesa directiva para que quede en primera lectura y pueda discutirse en una segunda sesión que se convocará por la noche y se prevé que se prolongue por varias horas.