En un hecho sin precedente, el Organo Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) dio curso –y continúa– a un procedimiento en contra de seis consejeros que a finales de 2021 votaron en favor de posponer el proceso de revocación de mandato.

Esa consulta a los ciudadanos fue para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador continuaba en el cargo; el ejercicio finalmente se realizó el 10 de abril de 2022, por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los consejeros Lorenzo Córdova (entonces presidente), Ciro Murayama, Roberto Ruiz, Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera (los tres últimos siguen en el cargo) argumentaron que el recorte presupuestal determinado por la Cámara de Diputados para el año de realización les impedía organizar la consulta, cuyo costo –de acuerdo con sus cálculos– sería de 3 mil 830 millones de pesos y el Legislativo les había reducido de la petición original del órgano más de 4 mil millones.

Optaron por una prórroga mientras litigaban el tema en la Suprema Corte de Justicia, pero los magistrados ordenaron al INE hacer la consulta; los mismos consejeros determinaron hacerla a partir de la instalación de un tercio de las casillas programadas, al tiempo que transcurría la controversia constitucional por la reducción presupuestal.

Casi cuatro años después, el OIC retomó el tema y notificó a los seis implicados el inicio de un procedimiento por la presunta comisión de responsabilidades administrativas graves – cuya sanción va desde amonestación hasta inhabilitación–.

El denunciante, Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el INE, se desistió de la queja porque el asunto “quedó sin materia”. No obstante, el OIC no paró la indagatoria y citó para el 8 y 9 de octubre a los implicados.

El consejero Rivera dijo en principio que no hay precedente de que un OIC, que por ley interviene en asuntos administrativos y tiene expresamente prohibido intervenir en asuntos electorales, haya abierto este procedimiento.

“Es un muy mal precedente porque podría convertirse en un mensaje de intimidación a los consejeros que a la hora de emitir su voto, a partir de criterio y deliberación, sientan que el sentido de su decisión puede ser objeto de intimidación administrativa y peor aún, penal”, comentó a este diario. Es un acto “ominoso”, en contra de la independencia de las decisiones “conforme a la ley” que toman los integrantes del consejo general del INE, indicó.

Señaló que harán la defensa que corresponda para que ese procedimiento no proceda (el penal sí fue archivado en la Fiscalía General de la República) por falta de elementos.

Por lo pronto, confirmó que “hay una notificación para comparecer; me citaron para el 9 de octubre”, aunque el OIC podría “tomar en cuenta” el desitimiento de Gutiérrez Luna, en la que señaló que su queja “ya no tiene efectos vigentes ni es un tema actual o de interés”.

No obstante, ese posicionamiento no provocó la interrupción del procedimiento, aunque según fuentes consultadas, luego de que los implicados han señalado en distintos espacios que se trata de una “amenaza” no sólo a las personas sino al colegiado, el OIC eventualmente podría sobreseer el expediente.