Cuernavaca, Mor., Paloma Estrada Muñoz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhm), denunció amenazas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que fue incorporada al Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos con el expediente SG/SSG/MEC-MOR/002/2025.

La activista es coordinadora de los trabajos de investigación sobre la Alerta de Violencia de Género en Morelos desde hace 10 años; también es promotora para la creación del municipio indígena de Alpuyeca y forma parte del equipo asesor permanente de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Estado de Morelos.

Estrada Muñoz afirmó que sufre un “clima de hostigamiento, campañas de linchamiento, intimidación y agresiones verbales y físicas en su contra, por parte de quienes se oponen a respetar el ejercicio de la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios que ella promueve”.

José Martínez, vocero de la Cidhm, aseguró que la luchadora social ha interpuesto tres denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables de las agresiones y amenazas que ha sufrido en la comunidad indígena de Alpuyeca.

Destacó que en diciembre de 2023 se presentó una de las acusaciones ante la FGE por feminicidio en grado de tentativa “y otros delitos en contra de personas a las que se les ha visto participando con el grupo que actualmente encabeza los ataques contra ella por el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam) para obras públicas de la comunidad”.

José Martínez explicó que las reglas de operación del Faispiam publicado en el Diario Oficial el pasado 13 de marzo, “establece claramente que es la asamblea general de la comunidad a través de la elección de los comités de administración y de vigilancia la que decide cómo se aplican los recursos y no los tiene en su poder Paloma Estrada, como pretenden hacer creer quienes han llevado a cabo campañas de linchamiento para obligarla a firmar documentos que deben ser requisitados por las autoridades del Instituto de la Educación Básica del Estado, cuando se trata de realizar obras”.