A partir de la creación del Consejo Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el gobierno federal y autoridades de la Ciudad de México, así como de los estados de México, Hidalgo y Morelos, impulsarán el ordenamiento territorial y la planeación urbana en la zona metropolitana del valle de México (ZMVM)

El convenio establece que las dependencias federales y estatales coordinarán esfuerzos para actualizar los instrumentos de planeación urbana a escala metropolitana y fortalecer capacidades de seguimiento al programa de ordenación de la ZMVM, mediante recursos del Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

Funciones que tendrá

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Consejo Metropolitano será la instancia encargada de dar seguimiento a los proyectos de planeación, garantizar la participación social y generar mecanismos de difusión que permitan a la población expresar opiniones y demandas. Asimismo, se prevé la armonización de planes y programas estatales y locales con el nuevo programa de ordenación.

La ZMVM, considerada una de las más grandes y complejas del mundo, comprende 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos, de acuerdo con la delimitación más reciente aprobada en febrero de 2025.

Compromisos

Entre los compromisos, los gobiernos locales deberán revisar y validar las metodologías de trabajo, promover la máxima publicidad de las acciones y coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que los proyectos se ejecuten conforme al marco jurídico aplicable.

El convenio precisa que los recursos asignados serán de índole federal y estarán sujetos a disponibilidad presupuestal. La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano de la Sedatu será la instancia ejecutora.

Además, el documento obliga a las partes a actuar bajo principios de legalidad, transparencia e integridad, e incluye cláusulas específicas de anticorrupción, confidencialidad y protección de datos personales.