Al abordar por primera vez el fenómeno de la “gentrificación” en México, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ayer validó por siete votos contra dos, una reforma de diciembre de 2024 del Congreso de Yucatán que decidió no aprobar el aumento del impuesto predial propuesto por el municipio de Mérida –gobernado por la panista Cecilia Patrón Laviada– y mantener vigentes los valores de 2024.

La ministra ponente Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que el Congreso “se apartó de la propuesta municipal con base en consideraciones técnicas, económicas y sociales verificables, entre ellas la contención del impacto económico, la equidad tributaria y fenómenos como la gentrificación, adoptando una política gradual y prudente”.

La Corte reconoció la validez del decreto 29/2024 del Congreso de Yucatán, que rechazó el aumento de hasta 9.7 por ciento al predial, al considerar que la legislatura justificó objetivamente su decisión con criterios de equidad, austeridad y viabilidad financiera. Señaló que un incremento excesivo fomentaría la gentrificación y afectaría la economía de las familias meridanas, por lo que desestimó la demanda municipal de invalidez del artículo 46 de la Ley de Hacienda.

El ministro Irving Espinosa Betanzo apuntó que el municipio no presentó una justificación razonable. “Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad tiene que ver con la especulación inmobiliaria que ha generado un aumento de precios, menor acceso a la vivienda y gentrificación”.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que un alza al valor catastral impactaría a comunidades mayas e indígenas. “La península está viviendo muchísimos desarrollos inmobiliarios… el suelo va a adquirir un mayor valor y tenemos hermanos y hermanas mayas que estando ahí van a mantener su predio con el valor actual y esta disparidad es lo que está en juego”.

Contra del proyecto estuvieron las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González. La última, quien fue consejera jurídica de la Presidencia de la República, denunció que el Congreso vulneró la autonomía hacendaria de Mérida y defendió que la propuesta municipal se sustentó en estudios técnicos.

“En los últimos cinco años la plusvalía en Mérida ha crecido de 10 a 18 por ciento anual, lo que ha elevado el precio del metro cuadrado de aproximadamente 2 mil 500 pesos en 2018 a rangos de 5 mil 500 a 8 mil 500 en 2024”, dijo.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía afirmó que “una actualización inmediata y uniforme de las tazas prediales propondría afectar desproporcionadamente a ciertos sectores, por lo que se eligió una política gradual y diferenciada, que permita una transición equitativa hacia valores catastrales más acordes con el mercado”.