Traicionados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ignorados por el sistema de justicia y olvidados por las instituciones, un grupo de más de 15 mil maestros jubilados de Nuevo León exigen al gobernador, Samuel García, el respeto a un amparo que les da el “derecho adquirido” de recibir un incremento anual en sus pensiones en la misma proporción y fecha del incremento que se otorga a los maestros en activo.

Desde hace casi dos años, el ejecutivo se ha negado a cumplir con el mandato judicial del amparo 1382/94, un derecho consolidado que sus antecesores han respetado durante 30 años.

El gobierno debe 6.43 por ciento de aumento y el retroactivo a más de 15 mil maestros con jubilación dinámica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon). Una deuda que asciende a más de 500 millones de pesos que el gobernador emecista se niega a pagar, bajo la excusa de no tener dinero.

Por las calles de Monterrey, los maestros jubilados han realizado más de 30 manifestaciones y plantones; algunos en sillas de ruedas, otros enfermos por su avanzada edad y muchos con dificultades para caminar y con la necesidad de tomar sus medicamentos, pero todos unidos bajo el liderazgo de la maestra Lucilda Pérez Salazar, histórica líder del movimiento magisterial y luchadora social.

Durante 17 años funcionó el acuerdo del pago del incremento a los jubilados, igual que los activos; hasta que en 2021 el gobernador Samuel García ya no lo respetó: “Todos los gobernadores cumplieron, menos Samuel García, que dejó crecer la deuda y dice que no lo incluyó en sus presupuestos, pero eso no es culpa de nosotros”.

En cinco años, el gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez han gastado más de 41.5 millones de pesos en promoción en imagen, encuestas y redes sociales: “Tiene presupuestado 1 millón 300 mil pesos al día. Y dice que no tiene dinero para pagar lo que nos debe a los maestros jubilados”.

Lúcilda Pérez explica que los maestros jubilados reclaman al ejecutivo una diferencia de incremento a sus pensiones estipulado en un amparo. Recordó que luego del gran movimiento magisterial en Nuevo León durante 1993, con motivo del cambio de la ley del Isssteleon que nació en 1983 con el gobernador Alfonso Martínez Domínguez, se creó la ley de pensiones bipartita y duró 10 años.

“En ese entonces el gobierno pagaba a los jubilados cuando podía y cuando quería. En esa ley venía estipulado que los incrementos a los jubilados serían similares a la de los activos. Llega la ley de 1993 y se abandona el sistema solidario de reparto que teníamos y entra el nuevo sistema de cuentas individuales con las Afores, fuimos los pioneros en Nuevo León, antes que naciera en la Ciudad de México en 1997. En ese entonces, contaban las maravillas diciendo que los maestros se iban a jubilar con el cien por ciento de su salario. Fue puro cuento.”

Después, señala que cambiaron el sistema y los incrementos a jubilados serían de acuerdo con la inflación. “Yo me jubilé en 1993 cuando tronó la ley. El ex gobernador Sócrates Rizo declaró que estaba en quiebra el Isssteleon y que no podían pagar pensiones. Estuvimos dos meses en paro con grandes movilizaciones. Y nos fuimos a un amparo, fuimos a los juzgados de distrito y nos dieron la razón”.

“Fuimos 19 veces a la Corte”

Los maestros jubilados que ahora están en lucha, argumentan que la ley no puede aplicarse con criterio de irretroactividad en prejuicio de persona alguna, según estipula el articulo 14 de la Constitución mexicana.

Cuando ganaron el amparo en 1993, el gobierno impugnó y el caso fue llevado a los tribunales de Nuevo León y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Fuimos 19 veces a la Corte, conocimos a los ministros por su nombre y ellos a nosotros”.

El amparo fue resuelto finalmente por el entonces ministro Mariano Azuela: “El juez de Nuevo León acordó que nos regresaran el pago de pensiones al sistema de los maestros activos. Fuimos al pleno en 1994, estuvimos sentados 30 compañeros. Se resolvió a favor, pero con una anotación de Genaro Góngora Pimentel, quien corrigió y dijo: ‘vamos a protegerlos bien’”.

Añade: “Ese ministro estipuló en el amparo que cada año el Isssteleon nos pagara el incremento que más nos beneficie, es decir, el de la inflación o el que reciba el maestro activo. Así llegó el error de diciembre y nos pagaron 52 por ciento de la inflación”.

De aquellos pocos que consiguieron beneficiarse del amparo, cada año se fue incrementando el número de jubilados, hasta llegar a más de 15 mil maestros en la actualidad.

La fórmula de la actualización de sus jubilaciones se definió en 2002: “el Consejo Directivo del Isssteleon en 2002 determinó que a los jubilados que estaban en el amparo les pagaba esa institución y al resto les pagaba el gobierno de Nuevo León, que envía el dinero al Isssteleon, para pagarles a todos igual. Existe una acta de este acuerdo”.

Agrega que el año pasado hubo un despunte entre inflación y aumento de salario de los maestros activos que recibieron un buen incremento de salida gracias al presidente López Obrador: “Ese 6.43 (por ciento) es el pleito que traemos”.

Las excusas

Los maestros jubilados han tenido mucho cuidado de no politizar su lucha, aunque Lucilda Pérez aclara que ningún partido político ha intentado ayudarles, salvo Morena con sus dos senadores por Nuevo León, Judith Díaz y Waldo Fernández, quienes presentaron un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Samuel García a que agilice el pago de la deuda.

“El gobierno argumenta que es mucho dinero y ya no pueden pagar. (Samuel García) no da la cara. Esto es un mandato judicial de un amparo y luego de un acuerdo gubernamental. Ellos aceptaron pagar y lo estamparon en una acta. Sostienen que no. Nos mandan a un abogado que dice que el amparo ya no tiene vigencia ni tampoco las jurisprudencias ni nada. El amparo tiene toda la vigencia plena porque no ha habido una nueva resolución judicial que modifique o la revoque. Nuestro amparo es de por vida”.

Explica que los maestros jubilados tienen un “derecho adquirido” que la SCJN define como un “beneficio incorporado” al patrimonio de una persona que no puede eliminarse ni por leyes nuevas ni por voluntad de alguien. Y recuerda que la sentencia del amparo es de “tracto sucesivo”, es decir que la obligación del gobierno no se termina.

Hace unos meses, el gobernador criticó los programas sociales del gobierno federal argumentando que podrían canalizarse para atender las verdaderas carencias del país: “No entendemos 700 mil millones así nomás, mejor haz puentes, hospitales, pero así..., ¿dar por dar? Si tuviera esa lana, junto a la IP (iniciativa privada) diría: ‘yo pongo 400 mil y ustedes otros 400 mil y vamos por las verdaderas carencias’”, señaló.

El gobierno de Nuevo León se ha caracterizado por el incremento en obras, como el Metro o las presas. “Él está haciendo mucha obra pública, ahí está su pensamiento en el Metro, carreteras y todo. Eso le deja dinero, lo social no le deja. Hemos ido varias veces”.

Recordó que en noviembre del año pasado instalaron mesas afuera del palacio de gobierno para solicitar el pago que debe a los maestros jubilados. “Lo firmó uno por uno y entraban a la Oficialía de partes. Las filas llegaban hasta la calle Padre Mier: hermosa la fila y la plaza llena. No hubo respuesta. El gobernador no sale nunca, no nos da la cara”.

Dos alternativas

La maestra Lucilda Pérez considera que de ninguna manera la autoridad gubernamental puede ahora modificar la sentencia del amparo, reducirla o revocarla a su antojo. Y para defenderse de las arbitrariedades del Samuel García, asegura que tienen dos alternativas: una la vía política y otra la vía legal.

“Una es la vía política y negociada y la otra la vía legal. Pensamos recurrir a una demanda judicial. Ambas tienen costos. En la primera, hay que ceder y ellos también y llegar a un acuerdo; obviamente el costo es que no nos pagarán el (aumento de) 6.43 por ciento, sino una cantidad menor, pero tiene la ventaja de que es parejo para todos.

“Los que estamos en el amparo no necesitamos acuerdo ni demanda, con que me pare en el Issstelon y les exija mi pago porque tengo un amparo, me pagarían, pero no lo vamos hacer porque la lucha es de todos. Eso jamás lo haríamos, ninguno de los que estamos en el amparo. La lucha es por todos.”

Por eso el próximo miércoles y jueves van a levantar firmas para un documento dirigido al Isssteleon. “Queremos nos entreguen copias certificadas de los talones de cheque donde se paga la diferencia en nuestras pensiones. Son pruebas de que nos pagaron 17 años y así demostrar que no hay ninguna justificación para interrumpir. Vamos a pedir las actas de los acuerdos de pagar extensivamente a todos los jubilados y los pensionados en activo, sin distinción. Nos estamos preparando para interponer una demanda”.

Cero a la izquierda

La lucha de los maestros jubilados de Nuevo León es intensa, aunque la Sección 50 del SNTE no los apoye. “El SNTE es un cero a la izquierda, toda la vida. Nunca ha hecho nada por los jubilados. Hemos conquistado cosas nosotros. El gobierno alega que el líder Juan José Gutiérrez tiene que firmar el acuerdo, pero nosotros desconocemos cualquier acuerdo que tomen con él. A él no le importa, cualquier cosa que le ofrezcan lo va a firmar”.

La maestra Lucilda Pérez, a punto de cumplir 80 años, subraya la urgencia de una reforma a la ley del Issste que incluya pensiones y salud para los maestros. “No puede ser que la Cuarta Transformación pase con dos sexenios y todo quede igual”.

Por lo pronto, advierte que al gobernador Samuel García le conviene pagar su deuda antes de que llegue el Mundial de Futbol. “Nosotros no vamos a aflojarle. Eso les preocupa”.