Sin luz estable, ni acceso al agua ni a la azotea y con más de una veintena de goteras que inundan las habitaciones en temporada de lluvias, resiste la última familia que habita en el edificio Beatriz, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 385, en la colonia Hipódromo Condesa.

Los inquilinos denunciaronn que tras el fallecimiento en 2020 de Antonio Torres Sánchez, socio mayoritario del inmueble, comenzó una disputa legal por la inmobiliaria Escalera Náutica SA de CV, la cual se ostenta como propietaria, situación que derivó en el desalojo de al menos 19 familias a partir de 2022.

“Ahí empezó nuestro calvario porque la inmobiliaria, junto con un despacho jurídico, nos ofreció 75 mil pesos por dejar el departamento, dinero que no aceptamos”, señaló Ariadna Isabel Vera Esquivel, residente desde hace 28 años en el edificio.

Además, en enero de 2023 la inmobiliaria promovió acusaciones por robo de autopartes y venta de drogas para criminalizar a algunos vecinos, lo que generó un ambiente de inseguridad y aceleró el vaciamiento de los departamentos y cuartos de azotea.

Con la intervención de 25 presuntos elementos de la Policía de Investigación armados y encapuchados, “rompieron cámaras y nos quitaron la luz”, relataron los vecinos. El miedo se extendió al grado de que casi todos aceptaron el dinero, entregaron llaves y firmaron con la inmobiliaria, la cual dispuso camiones de mudanza para facilitar la salida de personas que habían habitado por más de cuatro décadas ahí.

Cuando sólo quedaban tres familias aumentó el hostigamiento. “Nos cerraron todas las áreas comunes, quitaron escaleras de herrería para que no subamos. Su intención es que el edificio se deteriore”, acusaron.

Quejas no prosperan

En la actualidad, la familia compuesta de seis miembros es la única que reside en el edificio; “hace tres semanas nos cerraron la bomba de agua”, relató Luis Cruz, esposo de Ariadna. Explicó que ahora la acarrean a diario para llenar dos tambos de 60 litros desde una toma que conecta a la calle.

Aunque han presentado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y denuncias en el Ministerio Público, los procesos siguen abiertos. Mientras tanto, enfrentan el ingreso de personas indigentes al edificio que desde afuera aparenta estar vacío, por lo que se turnan para vigilar las cámaras de seguridad que lograron reinstalar.