a curiosa forma como trabaja la mente de los mexicanos inscribe un marcado contraste con lo que, premonitoriamente, afirman los opinócratas nacionales. Todos estos personajes, privilegiados de la libertad de expresión, son titulares de sendos micrófonos o sitios periodísticos. Ahí, donde día con día difunden sus hallazgos sobre la actualidad de la República, hablan y escriben sobre la actual dictadura, esquema legal que, sostienen, se ha diseñado en México. Aunque las últimas revelaciones que presenta el Módulo de Bienestar, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), contrastan frontalmente con esas ideas que circulan en el panorama difusivo.
El nivel de satisfacción con la vida personal de los ciudadanos del país es altísimo, 83.5 por ciento, si lo comparamos con lo que, por ejemplo, expresan de sí mismos los ingleses: 7.5 por ciento. Pero aun mayor dignidad de análisis merece la consideración de que relacionen esa satisfacción elevada con dos factores principales: la familia y su libre y propia autonomía.
Curiosa, en efecto, posición ideológico-conceptual de los analistas cotidianos, que deben cerciorarse de hasta dónde sus asertos coinciden, aunque sea remotamente, con lo que opina la población sobre su vida. Peor todavía si la realidad dictatorial alegada se relaciona con una Venezuela, coartada por una falsa premonición. Lo mostrado por el módulo sería, entonces, por completo diferente. Pero no lo es, sobre todo después de siete años de un gobierno intenso transformador de vivencias y rituales. No sucede así. Y no sucede porque no hay tal coacción, acumulación de poder autoritario o ejercicio despótico alguno. La postura certera de la población por su satisfacción para decidir sobre su vida es notable: 9.3 por ciento. Esto debería alegrar, aunque sea una medición hecha sobre opiniones íntimas.
Tal vez habría que añadir algunas otras consideraciones extraídas de este trabajo del Inegi: la liga que existe entre la educación y la satisfacción de vida. El dato relevante es que ésta aumenta, consistentemente, con el grado de instrucción escolar que se logre. A mayor grado (inicial, media, licenciatura o posgrado), los ciudadanos consideran sentirse más satisfechos de manera creciente.
Es por ello que la educación adquiere trascendencia innegable. No sólo porque introduce a los individuos en mejores niveles económicos o mejora el desarrollo de una nación, sino por la incidencia que tiene en el bienestar de cada quien.
De manera similar, habría que relacionar mucho de lo encontrado en este módulo del Inegi con los aires libertarios y de satisfacción ciudadana que corren por el país. La relevancia que estos aires llegan a adquirir proviene, sin duda, de la mejora económica que se ha logrado en los últimos años. Los efectos de los consistentes aumentos en los salarios mínimos se han esparcido por muchos otros confines de la vida organizada. Constatar que lo han hecho en la pobreza o desigualdad que todavía aqueja a la nación es sólo el principio. Mucho ha tenido que ver también la modernización y humanización de principios y creencia socialmente esparcidas. Se rompieron miedos y preconcepciones para la inclusión de sendas capas sociales antes marginadas por completo, en especial la importancia que esta inclusión tiene sobre el consumo y la producción internas.
Las celebradas y arraigadas posturas (neoliberales) acerca de los males que acarrearían los aumentos salariales se toparon con realidades contrarias. No hubo incrementos en la temida inflación, sobre todo cuando se anunciaba descontrolada. Tampoco bajó la productividad, pues era, en verdad, un eufemismo de la utilidad para acumularla, únicamente, al capital y dejar fuera al trabajo. Con esta sutil pero veloz manera de introducir la serie de cambios que han modificado la sustancia del régimen, se dio paso a una novedosa –y podríamos decir moderna– forma de convivir en este México de hoy.
De manera lateral pero de importancia innegable, se han ido modificando otros aspectos de la estructura nacional. La insistente presión sobre la Presidenta para que introduzca diferencias con el inmediato pasado es un retornelo que adquiere distintas y sugerentes trampas. Se llega hasta solicitarle, abiertamente, que se desprenda de lo inscrito por el anterior Presidente. Se solicita que reniegue de lo que consideran nociva herencia.
Es tal la urgencia de este borrón y cuenta nueva, que niegan reconocerle a doña Claudia toda capacidad de gobierno. Una insistencia que ha caído y seguramente caerá en el vacío. Hay que entender que la doctora ha introyectado un concierto de valores, horizontes, prioridades y creencia en un modelo de justicia compartida. Uno que tiende consistentemente a eliminar diferencias multifactoriales, iniciando este justiciero arreglo por mejorar a los de abajo y no pensando en los privilegios de la cúspide. El índice de Gini muestra, a las claras, que México es, ahora, el que tiene menor desigualdad latinoamericana.
