El Instituto Nacional Electoral avaló las bases para otorgar credencial para votar a personas privadas de su libertad. La medida, que parte de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, beneficiará tanto a quienes están en prisión preventiva como a quienes tienen sentencia firme.

Sin embargo, será sólo para que cuenten con una identificación oficial y no para que puedan votar, derecho que se ha otorgado en distintos comicios sólo a quienes aún no son sentenciados.

En la sesión extraordinaria del Consejo General de ayer, el consejero Arturo Castillo expuso que “cuando las personas salen de prisión sin una identificación, se encuentran imposibilitadas para realizar cualquier actividad oficial, ya sea abrir una cuenta de banco, rentar una casa, habitación e incluso obtener un empleo formal”.

Advirtió que “esa circunstancia incrementa su estado de vulnerabilidad y es un factor de riesgo para la reincidencia”.

Para el trámite del documento, el interesado deberá asignar a un enlace para su gestión, y podrá señalar como su dirección física su última residencia o incluso podrá optar por registrar la del centro penitenciario.