En el proyecto presupuestal del Instituto Nacional Electoral (INE) para el próximo año no hay reducción del monto destinado al sostenimiento de la nómina, pues consejeros y funcionarios aseguran que son derechos laborales protegidos por la Constitución y las leyes.

Fuentes de alto nivel del órgano dijeron que sí harán ajustes en algunos rubros, como gastos de alimentación (representación) y se pondrán topes a la contratación de personal de honorarios, no así en salarios y prestaciones, cuyo monto general tiene incluso un ligero aumento para hacer frente a la inflación.

De un presupuesto “base” de 12 mil 452 millones de pesos, esto es, lo dedicado exclusivamente a la operación del INE, 74.7 por ciento corresponde a servicios personales (capítulo 1000).

El anteproyecto será analizado hoy a las 11 de la mañana en la Comisión Temporal de Presupuesto, a fin de que el lunes próximo se lleve al Consejo General; en total, prevé solicitar a la Cámara de Diputados una partida de 18 mil 159.3 millones de pesos (más lo correspondiente al financiamiento público a partidos políticos).

Como publicó este diario, el presupuesto base es la cifra citada de 12 mil 425.2 millones de pesos, y 5 mil 702 millones para los 10 programas de la Cartera Institucional de Proyectos, incluidos aquí 3 mil 119 millones para organizar consultas populares, en caso de que se presenten solicitudes y sean aprobadas.

En dicha cartera se prevé solicitar 667.2 millones para empezar la organización del proceso electoral federal de 2027.

La novedad para 2026 es una ampliación de la partida para recuperar la inversión en tecnología, porque ante el recorte del año en curso no hubo dinero para actualizar sistemas ni para mejorar los mecanismos de blindaje del padrón comicial.

Sin embargo, las fuentes aclararon que el padrón de por sí tiene diversas “puertas” de seguridad, de ahí que aunque un hacker entrara a alguna, la alerta cerraría el resto, es decir, “nunca podrían sustraer el padrón completo ni toda la lista nominal”.

Igualmente, la partida de actualización tecnológica servirá para apoyar en esta materia a los institutos electorales estatales, en frecuente situación de déficit presupuestal.

Antes, ayer por la mañana, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el anteproyecto de financiamiento a seis institutos por un monto general de 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos.

El punto no está sujeto a debate, pues la cantidad emana del “apego estricto” a la fórmula establecida en la Constitución Política y en la Ley General de Partidos Políticos.

Si bien esa cantidad se anexa en la partida del INE, el órgano sólo funge como intermediario, pues el dinero se entrega mensualmente a los partidos o en todo caso se toma para el descuento de multas, por ejemplo.

El recurso se distribuye de la siguiente forma: tres de cada 10 pesos en forma igualitaria y los siete restantes según el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputaciones federales inmediata anterior.

Tanto la directora de Prerrogativas y Partidos, Yéssica Alarcón, como la presidenta de la comisión del ramo, Dania Ravel, destacaron que aun cuando en 2026 se otorgue registro a nuevos institutos políticos, este presupuesto no crece.

“Es una misma bolsa y, en su caso, se repartirá en más partidos”, dijo Ravel en una sesión de trámite, de no más de 15 minutos.