La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada al recurso de reclamación promovido por el Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia, en contra de la decisión de la presidencia de este máximo tribunal de no admitir para su análisis el proceso de titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT), en la minera Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas.

Nahir Velasco, coordinador jurídico del sindicato, señaló que con la admisión, ahora la Corte estudiará las violaciones en contra de los trabajadores de la sección 335 del gremio, cometidas por la compañía canadiense Orla Mining, la cual “ha presionado” para que se afilien a un sindicato de “protección” patronal perteneciente a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).

De esta manera, “la Corte analizará el procedimiento de titularidad, en el que hubo un abuso de poder y de autoridad de algunas instancias del Judicial”, señaló.

“(…) Se tiene por interpuesto el presente recurso de reclamación”, establece el acuerdo publicado en los estrados de la SCJN y cuyo expediente fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, de la segunda sala.

Subrayó que el Sindicato Nacional Minero es el que actualmente ostenta la representación colectiva de los trabajadores en la mina de oro y plata, lo cual ha sido ratificado por tribunales laborales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero –declaró– Orla Mining se niega a reconocerlo.

El abogado afirmó que “es falsa la información” que ha difundido la FNSI, respecto a que ellos son titulares del contrato colectivo.

Por este caso está en marcha un panel de controversia al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, debido a la violación a los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva de los mineros de la sección 335, por parte de la compañía canadiense.

En diciembre pasado, la entonces representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció la decisión debido a que no se llegó a un acuerdo sobre un plan de remediación con el gobierno de México, que emitió un informe “con una conclusión limitada”.