El Gobierno de la Ciudad de México busca aumentar a 22 años las penas por despojo, delito que hasta mediados de este año se había incrementado 8 por ciento respecto del mismo periodo de 2024, según datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Por ello, enviará una propuesta de reforma al Código Penal local, en la que establecen como agravantes, además del uso de la fuerza, la simulación de actos legales para arrebatar a alguien su propiedad, en los que se vean involucrados notarios públicos.

Según datos de la FGJ y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local, hasta el 15 de julio de este año se habían presentado 2 mil 245 denuncias por despojo, cometidos principalmente en las alcaldías Iztapalapa, con 318; Cuauhtémoc, 262, y Gustavo A. Madero, 235.

En este mismo periodo se detuvo a 94 personas por dicho delito y se recuperaron 265 inmuebles, de los cuales 196 han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

En la actualidad, el delito de despojo en su tipo base tiene una pena que va de cinco a 10 años de cárcel, y con la reforma al artículo 237 se incrementaría de seis a 11 años.

Sin embargo, si el ilícito se comete con agravantes la sanción se duplica de 11 a 22 años de prisión, y se incluyen nuevas agravantes, como la suplantación de la identidad del propietario del inmueble, cuando en el despojo participen notarios públicos que den fe a actos legales como contratos de compraventa, cuando el inmueble despojado sea propiedad del gobierno de la ciudad o esté ubicado en área de conservación natural.

También se propone un artículo 238 bis, que considera el delito de despojo equiparado cuando por la ilegítima posesión de un inmueble el ocupante se niegue a restituirlo cuando le sea requerido, así como cuando una persona, valiéndose de un cargo público, participe en el delito y obtenga un beneficio de éste.

Aunado a ello, como parte de la estrategia de combate a este delito, la FGJ anunció la creación de una unidad operativa especializada para su atención. Todas estas acciones se suman al gabinete contra despojo, el cual integran 14 dependencias del gobierno capitalino.