Los institutos electorales estatales, cuya permanencia está en la mira desde el sexenio pasado, continúan en la zaga presupuestal y en una constante lucha para que los congresos de las entidades federativas les autoricen los recursos suficientes para su operación.

Si bien salvaron su tarea de la elección judicial, dos de estos Organismos Públicos Locales Electorales (Ople) –Zacatecas y Yucatán– no tienen garantizados los recursos para cubrir su gasto ordinario el cierre del año, y están en nivel de riesgo alto (rojo).

Además, Zacatecas debe al Instituto Nacional Electoral (INE) 5.9 millones de pesos por convenios de coordinación de dos procesos electorales, pero la Secretaría de Finanzas de la entidad les notificó que no existen recursos para cubrir este adeudo.

Incluso, para lo que resta del año el presidente de este Ople solicitó una ampliación de gasto por 40.4 millones a fin de cubrir salarios y prestaciones, así como otras obligaciones, sin tener respuesta hasta el momento.

En tanto, se ubican en riesgo medio (amarillo) los Ople de San Luis Potosí, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México; a este último, el INE le donó aplicadores para tinta indeleble, para mitigar las dificultades de recursos materiales.

Según el quinto informe de la situación presupuestal de los Ople, emitido por el INE, continúan los obstáculos para la entrega de ministraciones, acorde al calendario programado, y para obtener ampliaciones presupuestales.

Algunos tenían de por sí una situación financiera crítica y debieron usar recursos de otras partidas para cumplir con las elecciones judiciales, lo que les dejó aún más negativos. Otros debieron impugnar en tribunales para contrarrestar los recortes.

El INE tiene un seguimiento a las ampliaciones presupuestales, sobre todo de las entidades donde además de las elecciones judiciales hubo municipales (Durango y Veracruz).