sta semana, Uber envió a sus trabajadores un mensaje en el cual culpa a la reforma laboral por el tarifazo de hasta siete por ciento que aplicará a la estructura de precios de los viajes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) denunció que el aumento viola el compromiso explícito de la multinacional de no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y consumidores, así como la arbitrariedad de imponerlo cuando todavía no se conoce el impacto real de la formalización de los trabajadores en los costos operativos de las empresas de transporte y reparto por aplicación. La medida también fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostuvo que no es correcto trasladar a los consumidores el costo de la seguridad social, pues también las empresas tienen que contribuir, sobre todo cuando registran ganancias impresionantes.

Para la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) está claro que el anuncio responde a una estrategia para alarmar a los usuarios y generar rechazo a la reforma laboral que busca garantizar a los trabajadores de plataformas atención médica y otras prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades. La organización manifestó su rechazo a que las empresas multinacionales utilicen a trabajadores y consumidores como rehenes para proteger sus intereses corporativos.

No sería la primera vez que Uber azuza el miedo a las alzas de precios para presionar por la precarización de los trabajadores. En 2020, junto a otras firmas del sector, gastó 200 millones de dólares en una campaña para convencer a los californianos de despojar a los repartidores y conductores del estatus de trabajadores y reclasificarlos como contratistas independientes, lo cual permite a las empresas evadir cualquier responsabilidad en la seguridad de quienes son, en los hechos, sus empleados.

La maniobra se inscribe también en los constantes desafíos a la ley mediante los cuales Uber desplazó a los taxistas tradicionales y se apoderó de este mercado en decenas de países. En 2022, una filtración de decenas de miles de documentos puso al descubierto que los máximos directivos de la compañía no sólo sabían que sus actividades eran ilegales y contravenían las normativas de los Estados y regiones donde operaba, sino que estaba dispuesta a exponer las vidas de sus trabajadores como reclamo publicitario para abrirse paso. En un intercambio de mensajes, el entonces CEO (director ejecutivo), Travis Kalanick, expresó que valía la pena exponer a los conductores a posibles agresiones durante una manifestación porque la violencia garantiza el éxito de los objetivos corporativos.

Al develarse que la compañía presionó a gobiernos y cortejó a políticos para imponer su modelo de negocios, el nuevo CEO, Dara Khosrowshahi, admitió esos comportamientos, pero dijo que pertenecían al pasado y pidió al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y lo que haremos en los próximos años. Un año después de esas declaraciones, la trasnacional implementó un nuevo algoritmo que incrementa los costos para los usuarios, reduce los pagos a los conductores y transfiere el margen a la compañía. Un estudio de la Universidad de Columbia encontró que con este método se redujo el pago a los conductores en miles de millones de viajes... de forma sistemática, selectiva y opaca.

Es improbable que Uber cese en su estrategia de lucrar con la precarización laboral y azuzar tanto a sus trabajadores como a sus clientes en contra de los gobiernos que intentan poner coto a los abusos y proteger los derechos laborales. Por ello, recae en la ciudadanía la responsabilidad de informarse, denunciar las malas prácticas corporativas y rechazar la pretensión de culpar a las leyes que defienden derechos elementales por aumentos de costo motivados por la codicia corporativa.