La dirigencia nacional del PAN y sus bancadas en ambas cámaras del Congreso manifestaron preocupación por la creciente evidencia de vínculos entre actores claves del partido Morena y la delincuencia organizada y exigieron investigaciones exhaustivas en el caso de los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, ex jefe de la policía del estado de Tabasco, supuestamente vinculado al grupo delincuencial La Barredora.

A través de un posicionamiento en redes sociales, consideraron inadmisible que, en un país golpeado por la violencia, la corrupción y la impunidad, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos aparezcan relacionados con redes delictivas.

Exigieron que el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy prófugo de la justicia, con historial y presuntas conexiones con grupos criminales, debe ser investigado a fondo y con toda seriedad y el gobierno federal debe rendir cuentas.

De acuerdo con el PAN, sus senadores y diputados, este asunto ya era un escándalo desde hace años, pues los vínculos criminales del ex secretario eran conocidos desde antes de su nombramiento por todas las autoridades locales y federales, incluido el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández.

El caso de Tabasco, insistieron los integrantes del blanquiazul, es sólo uno entre muchos señalamientos existentes en distintos gobiernos estatales encabezados por Morena, como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, entre otros, los que comparten un patrón alarmante: el encubrimiento sistemático y la ausencia de consecuencias reales para los políticos involucrados.

Activista exige explicación a ex mandatarios estatales

En Villahermosa, Efraín Rodríguez, representante del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, organismo no gubernamental, consideró que el ex gobernador López Hernández y quien lo sustituyó en el cargo, Carlos Manuel Merino, deben explicar por qué la designación de Bermúdez Requena, presuntamente relacionado con el grupo criminal La Barredora.

Manifestó que es impensable que no se hayan enterado de las actividades delictivas de la persona que pusieron al frente de la seguridad en el estado. Lo más sano, expuso, es que ambos deslinden responsabilidades, porque este tema ya es hasta internacional.