El presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, advirtió que el Poder Legislativo debe pronunciarse en contra de la aplicación unilateral de Estados Unidos de un gravamen de 17.09 por ciento al jitomate mexicano, porque afecta directamente a 100 mil trabajadores del campo y rompe con el espíritu de la cooperación económica entre México y el vecino del norte.

La defensa de nuestra soberanía también se expresa en la defensa de quienes trabajan la tierra y en ese sentido, tenemos que manifestar el rechazo político a las medidas proteccionistas de Estados Unidos y reiterar el compromiso con un comercio justo y equilibrado, resaltó el senador Huerta Ladrón de Guevara.

Junto con el también senador de Morena Pavel Jarero Velázquez, presentó una propuesta ante la Comisión Permanente, a fin de que ese órgano del Congreso intervenga y esté al pendiente de que las mesas de diálogo con los productores de jitomate afectados, anunciadas por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y la de Economía, se traduzcan en medidas de verdadero respaldo a los productores que enfrentan pérdidas económicas.

De manera concreta, propuso que la Permanente exhorte a la Sader y la Secretaría de Economía a que en el diálogo con productores de jitomate, se realicen las acciones necesarias para garantizar que este proceso se traduzca en acuerdos concretos, mecanismos eficaces de compensación económica y protección efectiva del empleo en el sector agrícola.

Igualmente, planteó que la Comisión Permanente pida establecer un canal de información con la Secretaría de Economía, para dar seguimiento a los avances, negociaciones y resoluciones derivadas de esa mesa de diálogo, a fin de garantizar transparencia, vigilancia legislativa y correspondencia institucional.

Asimismo, que a la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard se le demande “revisar con urgencia las condiciones actuales del comercio agroalimentario con Estados Unidos, particularmente los sectores avícola y porcino, a fin de identificar y, en su caso, sancionar prácticas desleales como el dumping, que puedan afectar la producción nacional y el equilibrio c