Integrantes de comunidades originarias de Michoacán informaron que mantendrán su lucha para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale el derecho de los pueblos indígenas a ejercer su libre determinación sobre los recursos presupuestales provenientes del ámbito municipal.

El caso está relacionado con las comunidades mazahua de Cresencio Morales, en Zitácuaro, y purépecha de Jarácuaro, en Erongarícuaro, cuyas autoridades munipales interpusieron las controversias constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, bajo el argumento de que invaden sus facultades en el ejercicio del gasto.

El análisis del proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, estaba programado para ayer, pero no se llevó a cabo.

Los poderes estatales Legislativo y Ejecutivo, así como el órgano comicial, demandaron la invalidez de las Leyes Orgánica Municipal y de Mecanismos de Participación Ciudadana de la entidad y del Reglamento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) relativos a la consulta previa, libre e informada para los pueblos y comunidades indígenas y el acuerdo IEM-CG-278/2021, emitido por el IEM, y publicados en el periódico oficial del estado el 14 de junio de 2017 y el 20 de diciembre de 2021, respectivamente.

Las instituciones que promovieron los recursos buscan que se declaren inconstitucionales las reformas al artículo 2° de la Carta Magna que otorgan el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El apartado B, fracción II establece la obligación de la Federación, entidades y los municipios para Determinar, mediante normas y criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas, que serán administradas directamente por éstos.