Entre los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos para poner en marcha las recomendaciones en temas educativos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) están fortalecer la capacidad de los docentes e instituciones de enseñanza, que los estados las tomen en serio y las incorporen a las políticas públicas, y el fomento de alianzas con actores no gubernamentales.

Durante el seminario virtual Educación para la paz, derechos humanos y desarrollo sostenible, especialistas del organismo internacional recordaron que en 1974 la Unesco aprobó una recomendación para incluir los temas de paz, comprensión internacional, derechos humanos, libertades fundamentales y educación en sus políticas educativas.

Pero, ante el cambio de los retos globales actuales, en 2021 inició una revisión y contextualización –durante dos años– para incorporar el cambio climático, pandemias, producción y consumo insostenibles, ideologías violentas y proliferación de discursos de odio, racismo sistémico e inequidades, puesto que consideró que es a través de la educación como prepara a las personas y comunidades para adaptarse y responder a los retos actuales.

Humanismo y responsabilidad

Cristian Bravo, de Unesco, precisó que a escala mundial han aumentado la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión y la violencia en las sociedades. Por tal motivo, se debe pensar en una concepción humanista de la educación y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Para el especialista, la educación debe reforzarse como un bien público y común, a través de pedagogías que pasen de la realización personal a la cooperación colectiva; planes de estudio contextualizados a las crisis planetarias, y replantear qué se entiende por escuelas y cómo fortalecen el tejido social.

Mirian Vilela, también de la Unesco, mencionó que se han enfrentado al desconocimiento de las recomendaciones del organismo. Por ello, insistió, el primer paso debe ser la concientización sobre el mecanismo.

Los especialistas explicaron que desde 2015, cada cuatro años los países miembros deben dar a conocer los reportes sobre cómo abordan estas sugerencias para medir los progresos en sus políticas públicas y contribuir al monitoreo del objetivo de desarrollo sostenible cuatro: educación de calidad.