l uso del concepto gentrificación permite esconder la verdadera naturaleza del proceso urbano social que pretende explicar, disfrazándolo como el mejoramiento de la condiciones urbanas en ciertas áreas con precios del suelo muy altos. En realidad se trata del desplazamiento de las clases sociales con menores ingresos por quienes sí pueden pagar los precios crecientes del suelo urbano, y por ende, de inmuebles más caros y frecuentemente con mejores condiciones urbanas.
Este desplazamiento es un proceso histórico social que sucede desde hace décadas, iniciado cuando las clases sociales con mayores ingresos deciden regresar a los centros de las ciudades, de los cuales habían huido por las deplorables condiciones creadas en las poblaciones del siglo XIX, mudándose entonces a la periferia, a los suburbios. Como sucedió con las familias que movieron su residencia a principios del siglo XX desde el centro de la Ciudad de México hacia las colonias San Rafael y Juárez primero, después a Polanco y las Lomas de Chapultepec, y finalmente a Santa Fe e Interlomas. A partir del fin del siglo les interesó regresar a la centralidad, a la proximidad de los servicios y al intercambio social más intenso. La periferia les resultó insulsa, vacía.
En entregas anteriores he explicado cómo el proceso de mejoría en la localización de los terrenos genera un incremento en su valor y, en consecuencia, en el precio de los inmuebles, compuestos siempre de terreno más edificación. Y cómo el predominio del precio del suelo, por encima de la construcción, es el que genera los cambios en el uso del suelo y en la densidad con que se ocupa. Por tanto, es también el que inicia el proceso de desplazamiento.
En este sentido, el uso del concepto gentrificación también permite encubrir al verdadero responsable del proceso de desplazamiento social, es decir, al propietario del suelo, quien al incorporar su predio en el mercado inmobiliario para obtener la plusvalía generada por la mejoría en la localización de su terreno, da lugar a que este proceso se realice.
Porque las compañías que proporcionan alojamiento temporal, las constructoras y desarrolladoras que componen el cártel inmobiliario, así como los funcionarios locales responsables de autorizar la ejecución concreta de los desplazamientos urbanos sociales, no lo podrían hacer sin la anuencia y la participación de los propietarios de los terrenos involucrados. Quien gestiona el cambio de uso del suelo o termina contratos de arrendamiento no rentables para iniciar otros que sí lo son, son los propietarios de los inmuebles.
En la base de todos los procesos de desplazamiento urbano social se encuentra la propiedad privada del suelo. Pero como esta relación social no se va a modificar, a pesar de que Marx le auguró en 1863 una supervivencia menor a 100 años, es el Estado el que puede y debe atender a la infinidad de víctimas de este proceso. Aunque existen afectados de diferente naturaleza: desde grupos sociales de altos ingresos que se ven desplazados de sus áreas de centralidad por grupos sociales de todavía mayores ingresos, provenientes incluso del extranjero, como ocurre en las colonias Condesa y Roma, hasta familias de empleados y trabajadores que deben mudarse lejos de sus áreas tradicionales, como en las colonias Escandón y Obrera, porque los propietarios de los inmuebles quieren capitalizar el incremento en los precios del suelo vendiendo sus inmuebles o cambiando los arrendatarios.
A estas últimas víctimas debe enfocarse el Estado, con medidas como las emprendidas por los gobiernos actuales, es decir, con la construcción de vivienda social y de vivienda en renta, así como haciendo respetar la legislación vigente en materia de ordenamiento territorial, entre otras. Para todo lo cual es necesario que el Estado constituya, como ha comenzado a hacerlo, una reserva de suelo urbano bien localizado en las ciudades mexicanas.
* Arquitecto, maestro en urbanismo y doctor en estudios urbanos
