Un tribunal federal rechazó conceder un amparo al juez suspendido Gregorio Salazar Hernández, con el que pidió ordenar al Consejo de la Judicatura Federal que le devolviera la protección de escolta y vehículo blindado, pues manifestó temer por su vida.

Salazar Hernández fue suspendido en abril pasado luego de una queja de la Fiscalía General de la República (FGR) porque cambió la medida cautelar de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, presunto líder del cártel del Golfo, y le permitió enfrentar en libertad su proceso de extradición. La FGR también inició una investigación penal en su contra.

El juez suspendido argumentó que necesita la protección dado el riesgo de represalias por los casos relevantes que resolvió en años recientes. Entre sus últimos cargos estuvo el de juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal adscrito al reclusorio de máxima seguridad del Altiplano, estado de México. El noveno tribunal colegiado en materia penal desechó el recurso por tratarse de un tema administrativo, y consideró que la solicitud es imprecisa al referirse a riesgos inciertos.

El magistrado ponente, Óscar Espinosa Durán, narró que él también estuvo adscrito a juzgados penales del estado de México y en este tiempo contó con camionetas blindadas y escoltas, pero le fueron retiradas. Apenas hace dos semanas se le reasignó un vehículo blindado en la Ciudad de México, que le fue retirado justo un día antes de recibir el recurso de Salazar. Afortunadamente no ha pasado nada, señaló, e hizo votos para que no le suceda nada al juez Salazar Hernández.

La secretaria en funciones de magistrada, María Elena Jiménez, respaldó la decisión, al señalar que no hay relación directa entre la suspensión de las medidas de protección y un riesgo real para la vida o integridad del juez.