La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a cuestionar la estrategia del gobierno de Estados Unidos de negociar con narcotraficantes, sobre todo luego de que la administración de Donald Trump determinó catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales.

En la mañanera, a pregunta sobre la posibilidad de que se concrete un acuerdo entre las autoridades estadunidenses y Dámaso López Serrano, El Mini Lic –miembro del cártel de Sinaloa y quien es requerido por la justicia de México por el proceso que se le abrió al ser señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa–, la mandataria pidió coherencia a Washington.

“Lo que hemos planteado: se nombra a la delincuencia organizada como ‘terrorista’; tienen una política de ‘no negociar con el terrorismo’, y después negocian. Lo tienen que explicar, el gobierno de Estados Unidos o las instituciones que pertenecen al Departamento de Justicia o quien tome estas decisiones”, puntualizó.

Agregó que en todos los casos en los que están implicadas personas señaladas como narcotraficantes, no sólo hay órdenes de aprehensión, sino agravios.

Tiene que haber una política coherente y consistente, es parte del acuerdo de seguridad entre los dos países.

La jefa del Ejecutivo señaló que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República solicitar los informes correspondientes en este tipo de casos, como ahora en el del Mini Lic. En esos temas está el fiscal Alejandro Gertz.

Luego del asesinato del corresponsal de La Jornada –el 15 de mayo de 2017– y tras un conflicto con Los Chapitos, López Serrano se entregó a las autoridades de Estados Unidos, pero tras una breve estancia en prisión, se le liberó en 2022 por colaborar con la DEA.

En 2024, las autoridades de Estados Unidos volvieron a detenerlo al acusarlo de tráfico de fentanilo –opioide sintético que el año pasado causó la muerte de 87 mil personas en ese país, y es considerado fuente de una crisis de seguridad y de salud–, delito del que El Mini Lic se declaró culpable con la intención de alcanzar un nuevo acuerdo con Washington y ser testigo colaborador.

La FGR solicitó hace ya varios años la extradición de Dámaso López Serrano, por el asesinato de Valdez.