Miércoles 28 de mayo de 2025, p. 28
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que ha recibido 120 denuncias por presuntos pinchazos en el transporte público, de las cuales en 65 se pudo confirmar que hubo una posible punción.
Precisó que en los casos en los que se han hallado sustancias en el organismo de los afectados, éstas corresponden a THC (componente sicoactivo de la cannabis) o medicamentos como benzodiazepinas, fenciclidina o cocaína, sin que ninguna represente un grave riesgo a la salud.
Agregó que hasta ahora sólo seis casos están asociados a la posible comisión del delito de robo, pues las víctimas reportaron faltantes en sus pertenencias, e insistió en que ninguno ha derivado en delitos de alto impacto como privación ilegal de la libertad o de indole sexual.
La dependencia no reportó más detenidos de los tres informados con antelación, de los cuales uno fue vinculado a proceso y los otros dos fueron puestos en libertad.
El 15 de mayo pasado, la FGJ informó de 68 denuncias por pinchazos, de las cuales en 32 se confirmó una lesión compatible con una punción en la piel.
El primer caso se reportó el 14 de marzo, y hasta ayer, de las 120 denuncias, en 65 se pudo confirmar que hubo una posible punción por pinchazo, mientras en las otras 55 no se pudo identificar médicamente la existencia de una punción, pero se reportan otro tipo de marcas o lesiones dudosas.
Ante esta situación, el gobierno capitalino desplegó un operativo con 5 mil 800 policías que vigilan principalmente las instalaciones del Metro, así como otros sistemas de movilidad, incluso con elementos encubiertos.
Asimismo, se puso en marcha un protocolo para atender de inmediato a las personas que reporten un probable pinchazo, que incluye servicio médico, pruebas toxicológicas y profilaxis.
El lunes anterior, la Comisión de Procuración y Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para tipificar como delito los pinchazos, con penas de dos a cinco años de prisión y de 50 a 300 días de multa a quien sin el consentimiento de una persona administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia de manera subrepticia o mediante engaños.